El epicentro de la controversia radica en dos fiscales del condado, Brock Lunsford y Nancy Theberge, quienes recientemente presentaron demandas legales contra el fiscal de distrito, Nathan Hochman, y el fiscal adjunto John Lewin. Las acusaciones son graves: represalias, difamación y discriminación. Estos señalamientos llegan tras la recomendación de Lunsford y Theberge de reconsiderar la sentencia de los hermanos Erik y Lyle Menéndez, condenados a cadena perpetua por el asesinato de sus padres en 1989.
La moción para revisar la sentencia, presentada en octubre, se basó en una ley estatal que permite reevaluar castigos desproporcionados y se apoyaba en nuevas acusaciones de abuso sexual contra el padre de los Menéndez, José Menéndez. “El encarcelamiento de los hermanos Menéndez ya no servía a los intereses de la justicia,” argumentaron los fiscales en su propuesta, afirmando que se ceñían a la ley estatal.
Sin embargo, tras la victoria electoral de Hochman en noviembre, ambos fiscales fueron reubicados. Lunsford, con 20 años de experiencia en la oficina, fue trasladado a un puesto de “adjunto de calendario” en un tribunal de Norwalk, un cambio que describe como una degradación profesional. Theberge, quien recibió una evaluación impecable días antes de la moción para reconsiderar la sentencia, fue asignada a la oficina del defensor público alternativo.
El abogado de Lunsford y Theberge, Justin Shegerian, califica estas acciones como represalias políticas. “Eran dos personas que estaban haciendo su trabajo,” declaró Shegerian a la BBC, enfatizando el cumplimiento de la ley estatal por parte de sus clientes. La controversia se agrava con las acusaciones de difamación contra Lewin, quien, según los documentos legales, habría utilizado las redes sociales para atacar la integridad profesional de los fiscales.
Las acusaciones contra Lewin incluyen comparaciones con colaboradores nazis, un hecho que ha generado indignación. Lewin, conocido por su estilo confrontacional, se limitó a decir: “Dejaré que los hechos hablen.” El caso, que ha sido reavivado por nuevos documentales y evidencia, se ha convertido en un campo de batalla entre las pretensiones de justicia, las presiones políticas y los intereses de las víctimas.
Incluso familiares de los Menéndez se han manifestado, reuniéndose con Hochman para pedir la liberación de Erik y Lyle, señalando que la reubicación de los fiscales muestra la influencia política sobre el proceso. La audiencia del 20 de marzo se perfila como un punto crucial en este complejo panorama legal y político.