El pasado 10 de diciembre, la muerte de Robert Brooks, un hombre afroamericano de 43 años, conmocionó al estado. Su fallecimiento en el Centro Correccional Marcy, ubicado al norte de Nueva York, no fue por causas naturales. La gobernadora Kathy Hochul, en un anuncio este miércoles, declaró que la autopsia determinó que la muerte de Brooks fue un homicidio.
El informe forense detalla que Brooks murió a causa de una "compresión del cuello y múltiples lesiones por impacto contundente". Esto tras una brutal golpiza sufrida mientras estaba esposado en una camilla de enfermería. Las imágenes de video, obtenidas de las cámaras corporales de cuatro agentes penitenciarios y reveladas por la Fiscal General Letitia James el 27 de diciembre, muestran una escena escalofriante.
El video, sin audio, deja ver cómo los guardias golpean y patean a Brooks sin piedad. Lo más perturbador: otros oficiales y dos enfermeras presenciaron la agresión sin intervenir. Este silencio cómplice ha generado una ola de indignación y exige una respuesta contundente.
Como consecuencia de este suceso, se han tomado medidas. Diecisiete empleados del penal fueron suspendidos sin goce de sueldo, incluyendo a las enfermeras. Un empleado adicional renunció. La familia de Brooks ha entablado una demanda en un tribunal federal alegando violación de derechos civiles contra los oficiales involucrados y el comisionado del Departamento de Corrección del estado, buscando llevar a juicio a los 17 responsables.
La investigación sigue en curso, y se espera que las autoridades revelen más detalles sobre el caso en los próximos días. Las consecuencias de este incidente podrían extenderse más allá del ámbito judicial, impulsando debates cruciales sobre la reforma carcelaria en Nueva York.