Detención de menores migrantes: Desafíos y políticas en ICE y ORR
... 
Nicol Matuz ScottEl Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en el ojo del huracán, se basa en la Directiva 11064.3, "Intereses de los Padres y Tutores Legales No Ciudadanos de Menores o Adultos Incapacitados", para regular el procedimiento. Esta directiva obliga a ICE a identificar si los detenidos son padres o tutores legales, afectando las decisiones sobre detención, traslado y deportación. La comunicación entre padres detenidos y servicios de bienestar infantil es crucial, y la agencia debe facilitarla.
La responsabilidad de los menores no acompañados recae en la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR), parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS). Dentro de las 72 horas posteriores a la detención por ICE, estos menores son transferidos a la ORR. Allí reciben alojamiento, atención médica, apoyo psicológico y educación en albergues temporales a lo largo del país, mientras se resuelve su situación. La reunificación familiar es un objetivo prioritario para el HHS.
Los menores acompañados, por otro lado, permanecen con sus familias en centros de detención familiar administrados por ICE, bajo la denominada “política de detención familiar”. ICE afirma que estos centros proveen mejores condiciones, incluyendo servicios de salud y educativos. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos critican los posibles impactos negativos en la salud mental y emocional de los menores, independientemente de si están acompañados o no.
El proceso legal varía. Los menores pueden solicitar asilo u otras formas de protección humanitaria ante jueces de inmigración. La representación legal no está garantizada automáticamente, creando una disparidad significativa en el acceso a la justicia. Para aquellos que no logran protección legal, ICE coordina la repatriación con autoridades consulares, un proceso que, según la agencia, respeta los derechos del menor.
La supervisión recae en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que monitorea las operaciones de ICE y ORR a través de la Oficina de Derechos y Libertades Civiles, recibiendo denuncias sobre posibles violaciones a los derechos de los menores.
El proceso es complejo y presenta importantes desafíos, con diferentes actores y perspectivas en juego. Cada caso es único y se rige por la legislación vigente y su interpretación judicial.
Más Noticias
