Gobierno de Trump demanda a Nueva York por políticas que defienden a inmigrantes indocumentados
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Nicol Matuz ScottEl centro de la controversia se encuentra en Nueva York, un estado considerado "santuario" para migrantes. La fiscal general Pam Bondi anunció que el Departamento de Justicia ha entablado una demanda contra las autoridades del estado, incluyendo a la gobernadora Kathy Hochul y la fiscal general Leticia James. También se incluye en la demanda a Mark Schroeder, del departamento de vehículos motorizados (DMV), por una política estatal que notifica a inmigrantes indocumentados cuando una agencia federal solicita su información.
Según Bondi, "Nueva York ha elegido priorizar a los migrantes ilegales sobre los ciudadanos estadounidenses". La demanda argumenta que estas políticas estatales obstruyen los esfuerzos federales para hacer cumplir las leyes de inmigración. Se acusa a Nueva York de dificultar la colaboración entre las autoridades estatales y federales, incluyendo la imposibilidad para los policías de verificar el estatus migratorio de individuos detenidos por infracciones de tráfico. Bondi afirma que "Si detienen a alguien y no tienen acceso a sus antecedentes, no tienen idea de con quién están tratando".
La fiscal general presentó el testimonio de la madre de una joven asesinada por un miembro de la pandilla MS-13 que se encontraba en el país ilegalmente, como un ejemplo de los peligros de las políticas de "ciudades santuario". El gobierno alega que estas ciudades ofrecen refugio a criminales, poniendo en riesgo la seguridad de los ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, es importante notar que las estadísticas sobre criminalidad entre migrantes indocumentados son un punto de continuo debate.
La demanda contra Nueva York se produce una semana después de una acción similar contra Illinois y Chicago. Esta estrategia legal indica una clara postura del gobierno federal de ampliar sus acciones contra cualquier estado que se considere un obstáculo a sus políticas de inmigración. Además de Nueva York e Illinois, otros estados y ciudades con políticas similares enfrentan la posibilidad de demandas similares, incluyendo California, Washington, Colorado, Connecticut, Massachusetts, Nueva Jersey y Oregón, entre otros. El debate sobre las políticas de inmigración y la relación entre estados y gobierno federal sigue abierto.
La administración federal sostiene que estas acciones son necesarias para garantizar la seguridad nacional. Por otro lado, los estados demandados argumentan que sus políticas protegen los derechos de los inmigrantes y promueven la integración comunitaria. La resolución de esta disputa tendrá implicaciones significativas para el futuro de la inmigración en Estados Unidos.
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