Migrantes en Panamá: Denuncias de abuso y posible trata de personas tras reportaje del NYT
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Nicol Matuz ScottEl centro de la atención se centró en el Hotel Decápolis, un lugar que se convirtió, sin buscarlo, en un improvisado centro de recepción para más de cien migrantes. Estos individuos, provenientes de países como Afganistán, Irán, Pakistán y China, habían sido deportados desde Estados Unidos. El New York Times, en una publicación que generó gran revuelo, reveló la angustia y la incertidumbre que experimentaban estos migrantes, muchos de los cuales denunciaban la retención contra su voluntad, la falta de acceso a sus abogados y la confiscación de sus teléfonos celulares.
La situación se agravó cuando el Ministro de Seguridad de Panamá, Frank Ábrego, en declaraciones al programa radial “Panamá en Directo”, confirmó la confiscación de los celulares, justificándolo como una medida de seguridad. “Fue por su propia protección”, afirmó Ábrego, agregando que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) estaban trabajando para determinar el estatus de cada migrante y facilitar su repatriación o traslado a un tercer país. Esta afirmación generó más preguntas que respuestas, especialmente considerando los testimonios de los migrantes que denunciaban la falta de información y el temor a represalias en sus países de origen.
Tras la publicación del reportaje del New York Times, y las imágenes y videos que circularon en redes sociales mostrando el traslado de migrantes en autobuses desde el hotel hacia un centro de detención, la situación se tornó aún más compleja. Se reportó, por ejemplo, la salida de una ciudadana china del Hotel Decápolis con la ayuda de personas externas, situación que el Servicio Nacional de Migración de Panamá advirtió como un posible delito relacionado con trata de personas o tráfico ilícito de migrantes.
El gobierno panameño, a través del Ministro Ábrego, explicó la decisión de alojar inicialmente a los migrantes en el Hotel Decápolis, señalando la necesidad de verificar la identidad de cada persona y prevenir la entrada de delincuentes organizados en el país. Esta explicación, sin embargo, no abordó completamente la preocupación sobre las condiciones en las que se encontraban los migrantes y sus derechos fundamentales. El gobierno, además, ha insistido en que Panamá no ofrece asilo a estos migrantes, a pesar de que éstos tienen derecho a solicitarlo. La respuesta de las Cancillerías de los países involucrados aún se encuentra en espera. El panorama, entonces, deja varias interrogantes abiertas sobre el futuro de estas personas, atrapadas en un complejo entramado geopolítico y burocrático.
La cifra de migrantes deportados desde Estados Unidos hacia Panamá, en su mayoría provenientes de China, Pakistán y Uzbekistán, asciende a cientos. Estos traslados son parte de un acuerdo de cooperación entre ambos países, donde Panamá actúa como un punto de tránsito hacia sus países de origen. El impacto de este acuerdo, y sus consecuencias humanitarias, aún se están desarrollando.
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