Crisis carcelaria en Nueva York: Guardia Nacional interviene por huelga
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Leonora LagardaEl detonante: una huelga de funcionarios penitenciarios, ya en su cuarto día, que afecta a 25 centros penitenciarios. Más de 25 instalaciones se ven afectadas, incluyendo las prisiones de Collins Correctional, Elmira Correctional y Groveland Correctional, según la Asociación Benevolente de Oficiales Correccionales y Policías del Estado de Nueva York (NYSCOPBA). Las protestas, inicialmente concentradas en el oeste del estado, se extendieron rápidamente al norte.
La gobernadora Kathy Hochul, ante la gravedad de la situación, ha tomado medidas drásticas. Ha firmado una orden ejecutiva para el despliegue de la Guardia Nacional. Más de 3,500 efectivos ya están presentes en las instalaciones, apoyando al personal penitenciario en tareas esenciales como la distribución de alimentos y medicamentos. Se espera un mayor despliegue en los próximos días. La policía estatal también colabora reforzando la seguridad perimetral, mitigando posibles riesgos de fugas o motines.
La gobernadora Hochul declaró: “Estos paros laborales ilegales deben terminar ya que están poniendo en peligro la seguridad de sus colegas, la población carcelaria y provocando un temor indebido a los residentes de las comunidades circundantes”. Para intentar resolver el conflicto, se ha nombrado al mediador independiente Martin Scheinman.
La situación se agrava por las presiones salariales y las condiciones laborales que enfrentan los oficiales, incluyendo turnos obligatorios de 24 horas y sanciones por negarse a trabajar, según un representante sindical. La huelga se considera ilegal bajo la “Ley Taylor”, con posibles sanciones económicas para los participantes. El contexto actual se vuelve más preocupante si consideramos que las denuncias de violencia y maltrato a internos han aumentado significativamente. El caso de Robert Brooks, un interno que murió después de una golpiza por parte de guardias, en diciembre pasado, ilustra esta alarmante realidad, generando protestas y llamamientos a la reforma.
La Sociedad de Ayuda Legal ha expresado su profunda preocupación, calificando la situación como “alarmante”, ya que la falta de personal pone en riesgo la vida de cientos de reclusos que dependen de la atención médica y de la distribución de medicamentos. Además, las visitas de abogados y familiares han sido suspendidas en varias instalaciones.
El panorama es complejo. Se cancelaron las visitas en diversas prisiones incluyendo Elmira, Attica, Auburn, Five Points, Upstate, Clinton, Wende y Eastern New York. El conflicto genera una incertidumbre considerable y su resolución queda pendiente.
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