Controversia en Nueva York: Condados de Rensselaer y Nassau refuerzan colaboración con ICE
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En el centro de esta controversia se encuentran dos condados: Rensselaer y Nassau. Estos, a diferencia de la postura de la gobernadora Kathy Hochul, han optado por una colaboración más estrecha con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Rensselaer, desde 2018, participa en el programa 287(g), que permite a las autoridades locales colaborar con el ICE en la detención de migrantes indocumentados con antecedentes penales. "Este programa ha permitido cientos de arrestos", según reportes locales, a pesar de la baja densidad poblacional del condado. Esta colaboración, sin embargo, no es nueva; la gobernadora Hochul señala que la cooperación con ICE en casos de migrantes con condenas previas ya existía.
Nassau, por su parte, ha implementado una estrategia más contundente. Se han destinado 50 celdas específicamente para detenidos con órdenes de deportación, y se han asignado diez detectives para realizar arrestos migratorios fuera de las instalaciones carcelarias. Esta decisión, justificada por el aumento de crímenes violentos, incluyendo robos organizados y violaciones, se ha tomado en un contexto de alta actividad de pandillas transnacionales en Long Island, donde se ubica el condado. El ejecutivo del condado de Nassau, Bruce Blakeman, afirmó "Si saben que no hay consecuencias, lo seguirán haciendo una y otra vez" al justificar la medida.
Estas acciones contrastan directamente con las políticas de santuario impulsadas por Hochul, quien mantiene su postura de limitar la cooperación con el ICE, salvo en casos con cargos penales graves. Este enfrentamiento refleja una profunda división en el estado, entre quienes priorizan la seguridad pública y quienes defienden los derechos de los inmigrantes.
El alcalde de Nueva York, Eric Adams, ha expresado su inquietud por el incremento de delitos cometidos por migrantes, aunque aún no ha tomado acciones para modificar las políticas de la ciudad. Una encuesta reciente, según The New York Times, indica que el 72% de los votantes de la ciudad apoya la deportación de inmigrantes con antecedentes penales, un dato que sugiere un cambio en la opinión pública.
La administración federal, por su parte, ha dejado claro que la negativa de Nueva York a cooperar con el ICE podría resultar en presiones desde Washington y posibles recortes de fondos federales. El debate está abierto y su desenlace permanece incierto.