Migrantes en Guantánamo: ACLU demanda al gobierno de EEUU
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En el centro de la polémica se encuentran diez hombres, originarios de Venezuela, Afganistán, Pakistán y Bangladesh, que llegaron a Estados Unidos entre 2023 y 2024. Sus historias, recopiladas en una demanda federal presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), revelan un patrón preocupante. Siete de estos hombres son venezolanos, dos de ellos con un pasado marcado por la “tortura por el gobierno venezolano por sus opiniones políticas,” según la demanda. Otro huyó de Afganistán por amenazas del Talibán, mientras que uno más escapó de Pakistán y otro de Bangladesh debido a amenazas políticas. Estos casos ilustran el complejo panorama que enfrentan los migrantes en su búsqueda de asilo.
La demanda argumenta que el gobierno de Trump planea transferir a estos hombres, y a miles más, a la base naval de Guantánamo, en Cuba. “El propósito de esta segunda demanda…es evitar que más personas sean enviadas ilegalmente a esta famosa prisión, donde se ha revelado que las condiciones son inhumanas,” declaró Lee Gelernt, abogado de la ACLU. La demanda destaca la falta de notificación a los migrantes sobre su posible traslado y la ausencia de información sobre los cargos que se les imputan. Curiosamente, cuatro de los hombres fueron erróneamente identificados como miembros de pandillas basándose en sus tatuajes, incluyendo uno de un rosario católico, un detalle que subraya la falta de rigurosidad en las evaluaciones gubernamentales.
La controversia se extiende más allá de estos diez casos. Se estima que al menos 200 migrantes ya se encuentran en Guantánamo, en una situación sin precedentes en la historia de Estados Unidos. El gobierno argumenta que la base cuenta con la capacidad para albergar hasta 30,000 inmigrantes, pero la demanda cuestiona la legalidad de estas transferencias y la adecuación de las instalaciones. La ACLU sostiene que las transferencias violan el derecho al debido proceso, y que la ley federal de inmigración prohíbe la transferencia de migrantes no cubanos a Guantánamo, legalmente considerada parte de Cuba.
El caso ha generado reacciones diversas. Mientras el gobierno mantiene silencio, un juez federal en Nuevo México ya ha bloqueado la transferencia de tres migrantes venezolanos en un caso similar. Mientras tanto, la demanda de la ACLU continúa su curso, planteando interrogantes sobre la transparencia y la legalidad de las políticas migratorias del gobierno, y sobre el futuro de estos migrantes en el centro de la controversia.
La situación en Guantánamo, una vez más, se encuentra bajo el escrutinio internacional, generando preocupaciones sobre el trato a los migrantes y las implicaciones de esta política de deportación masiva.