Juez bloquea devolución de $80M a NY para migrantes
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Leonora LagardaEl centro de la controversia reside en una suma considerable: más de 80 millones de dólares asignados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) a la ciudad de Nueva York para cubrir los costos de alojamiento de migrantes. El conflicto surgió cuando FEMA, bajo la administración Trump, decidió revocar estos fondos, generando una reacción inmediata por parte de las autoridades neoyorquinas.
La demanda interpuesta por la ciudad de Nueva York contra la administración Trump el 21 de febrero argumenta que la decisión de FEMA fue una “fachada construida apresuradamente”, con el objetivo de obstaculizar un programa de financiamiento para albergues ya autorizado por el Congreso. Los abogados de la ciudad sostienen que la preocupación sobre pandillas, argumentada por FEMA, no justifica la anulación de la asignación. Para ellos, la acción fue “simplemente ilegal”, pues el dinero se había asignado, revisado, y ya se había realizado el pago real por parte de FEMA.
La jueza federal Jennifer H. Rearden en Manhattan, tras escuchar los argumentos de ambas partes, rechazó la solicitud de Nueva York para una orden de restricción temporal que obligara a la devolución inmediata de los fondos. La jueza Rearden argumentó que la ciudad no había demostrado que sufriría un daño irreparable. Sin embargo, una abogada del gobierno federal, Emily Hall, aseguró al tribunal que el dinero estaría disponible, una vez que se resuelva la demanda, a menos que el Congreso lo retire. Este último punto añade otra capa de complejidad a la situación, pues la disponibilidad de los fondos dependerá también de la voluntad política del legislativo.
Joshua Rubin, abogado de la ciudad de Nueva York, describió la decisión de FEMA como “un verdadero shock para nosotros”, destacando la excepcionalidad de la situación y la naturaleza inconstitucional de la acción, al considerar que el Congreso ya había asignado los fondos. A pesar de la urgencia planteada por la ciudad, la jueza reiteró la falta de evidencia de daño irreparable que justificara una acción extraordinaria.
La situación deja abierta una serie de interrogantes sobre el futuro de los fondos y las consecuencias a largo plazo para la ciudad de Nueva York, la gestión de la crisis migratoria y el peso de las decisiones políticas en la administración de recursos públicos. La batalla legal, por lo tanto, continua.
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