Guantánamo: plan migratorio de Trump enfrenta crisis económica y legal
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Nicol Matuz ScottAhora, un reporte de NBC News revela información sorprendente sobre el plan de la administración Trump para usar la base naval de Guantánamo como centro de detención para inmigrantes indocumentados. El plan, que inicialmente contemplaba la detención de hasta 30,000 personas, enfrenta obstáculos significativos, principalmente de índole económica.
El transporte de los detenidos a Guantánamo resulta ser la principal fuente de gastos. Mientras que los vuelos chárter utilizados por el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) son relativamente económicos, el uso de aeronaves militares, como el C-130, implica un costo exorbitante: entre $207,000 y $249,000 dólares por viaje redondo, lo que se traduce en un promedio de $23,000 a $27,000 dólares por detenido. A este costo se suman los gastos de personal de seguridad, médico y de manejo de aviación, incrementando aún más el presupuesto.
Más allá del transporte, la infraestructura de Guantánamo no está preparada para albergar a una población tan numerosa. Las instalaciones, descritas como tiendas de campaña sin aire acondicionado ni agua corriente, no cumplen con los estándares mínimos de detención del ICE. Si bien la base llegó a albergar a 178 hombres venezolanos en su momento, a la fecha solo permanecen 20 detenidos. La falta de infraestructura adecuada está creando un cuello de botella significativo.
La situación se complica aún más por las disputas entre agencias gubernamentales. El ejército y el ICE, responsables de la detención de los inmigrantes, han chocado en cuanto al control operativo, generando confusión y retrasos en la asignación de recursos. El Pentágono desplegó más de 1,100 soldados para auxiliar, pero las demoras en la guía y asignación de recursos han obstaculizado las operaciones. El ICE, con un presupuesto ya limitado, enfrenta una presión adicional para cumplir con las demandas del programa.
Finalmente, la iniciativa enfrenta fuertes retos legales. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ha presentado una demanda para evitar la transferencia de diez individuos a Guantánamo, calificándolo de "un infierno viviente". La demanda argumenta que estas transferencias violan la ley federal y las protecciones del debido proceso constitucional de la Quinta Enmienda. A esta demanda se suma otra interpuesta en febrero, alegando la falta de acceso a asesoría legal y comunicación para los detenidos.
La administración, por su parte, ha defendido el uso de Guantánamo argumentando preocupaciones de seguridad nacional, presentando la expansión de las operaciones como parte de un esfuerzo más amplio para "desmantelar cárteles criminales".
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