Crisis migratoria en Estados Unidos: aumenta la represión contra inmigrantes, abogados y activistas
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Nicol Matuz ScottEl gobierno, bajo el mando de Donald Trump, ha expandido considerablemente el espectro de extranjeros sujetos a deportación. Inicialmente, el foco parecía estar en aquellos con antecedentes penales (aproximadamente 600,000) y órdenes de deportación previas (cerca de 1 millón). Sin embargo, la situación ha escalado, incluyendo ahora a los 11 millones de indocumentados simplemente por su estatus migratorio.
Pero la preocupación va más allá de los inmigrantes sin papeles. Abogados y activistas que defienden sus derechos enfrentan un clima de miedo palpable. “Usan el perfil racial,” afirma Juan José Gutiérrez, director ejecutivo de Derechos Plenos de los Inmigrantes en Los Ángeles. Este temor se intensificó luego de que Tom Homan, exdirector de la Oficina de Inmigración y Aduanas, solicitara una investigación contra la congresista Alexandra Ocasio-Cortez por impartir seminarios sobre los derechos de los inmigrantes.
El panorama se oscurece aún más con la cancelación de programas federales que apoyaban a organizaciones pro-inmigrantes. “Nos quitaron los fondos,” explica Angélica Salas, directora ejecutiva de CHIRLA, afectando directamente la asistencia a inmigrantes en proceso de naturalización. Esta medida, anticipada en el “Proyecto 2025”, una estrategia conservadora de 900 páginas, evidencia una estrategia más amplia para restringir la inmigración.
La respuesta de las organizaciones ha sido activarse. “Hemos decidido ser una organización mucho más pública,” afirma Jorge Mario Cabrera de CHIRLA, enfrentando la narrativa oficial. Este cambio implica no solo un aumento en la visibilidad pública, sino también un refuerzo en la seguridad ante ataques virtuales y actos de violencia contra activistas e inmigrantes. Estos ataques van desde insultos y mensajes de odio hasta amenazas directas, dirigidas incluso a las plataformas digitales de estas organizaciones.
La situación no se limita a Los Ángeles. Abel Núñez, del Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN) en Washington D.C., describe el ambiente como “inquietante”, señalando la cancelación de programas de apoyo a menores no acompañados como un ejemplo de las repercusiones. Las preocupaciones se extienden también a posibles auditorías y obstrucción de su trabajo. Incluso, en Tennessee, se proponen leyes que podrían criminalizar la ayuda a inmigrantes, con penas de hasta seis años de prisión.
El panorama, pues, es complejo y preocupante, exponiendo las vulnerabilidades no solo de los inmigrantes indocumentados, sino también de quienes luchan por sus derechos.
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