Nueva York: $140 millones por injusticia a taxistas
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Leonora LagardaEl centro de esta historia son los conductores de taxis, aplicaciones de transporte y vehículos de alquiler de la Gran Manzana. Durante años, la Comisión de Taxis y Limusinas de la Ciudad de Nueva York (TLC) aplicó una política que causó un profundo impacto en la vida de casi 20,000 profesionales del volante. Esta política permitía la suspensión de licencias únicamente por el hecho de ser arrestados, sin esperar juicio ni condena, negando el debido proceso.
“Vidas destruidas,” comentó Bhairavi Desai, directora de la Alianza de Trabajadores del Taxi de Nueva York (NYTWA), una de las organizaciones demandantes. Este juicio prolongado, iniciado en 2006 por el abogado Dan Ackman, cuestionaba la legalidad de esta práctica. “Suspender a taxistas trabajadores con base en un arresto, no una condena, y darle seguimiento con una audiencia simulada ‘siempre fue extraño e indignante’,” afirmó Ackman. La suspensión, según el análisis de los abogados, afectaba indiscriminadamente incluso arrestos por hechos ocurridos fuera de su horario laboral; se estima que el 80% de las detenciones fueron por eventos ajenos a su trabajo.
El impacto fue devastador. La pérdida de ingresos, la incertidumbre, la dificultad para cubrir gastos básicos… más de 3 millones de días de trabajo perdidos entre 2003 y 2020, según las estimaciones de los demandantes. La mayoría de los cargos resultaron ser infundados o se redujeron a infracciones menores; se calcula que el 90% de los arrestos carecían de fundamento para justificar la suspensión.
Finalmente, tras 19 años de litigio, se ha alcanzado un acuerdo histórico: $140 millones de dólares en compensación. Este dinero se destinará a los conductores afectados, con montos que variarán según la duración de la suspensión, pudiendo llegar hasta los $36,000 dólares por conductor. El acuerdo representa no solo una compensación económica, sino también un reconocimiento de las injusticias sufridas por estos trabajadores y el restablecimiento de un derecho fundamental: el debido proceso.
La lista de consecuencias negativas para los conductores era extensa:
- Pérdida de ingresos sustancial
- Dificultades económicas para sus familias
- Incertidumbre sobre el futuro laboral
- Daño reputacional
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