Controversia por deportaciones aceleradas de Trump, incluso a residentes legales
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Nicol Matuz ScottEn el centro de la polémica se encuentra la administración Trump, que ha acelerado las deportaciones de forma significativa. No se limita a individuos con antecedentes penales; la medida afecta a residentes legales, turistas e incluso familiares directos de ciudadanos estadounidenses, ampliando considerablemente el alcance de su política migratoria.
Uno de los casos más impactantes es el de la Dra. Rasha Alawieh, profesora adjunta de medicina en la Universidad Brown y especialista en trasplantes renales. A pesar de poseer una visa laboral vigente, fue deportada, desatando una ola de críticas y protestas. "La deportación de la Dra. Alawieh es un ejemplo claro de la arbitrariedad de estas medidas", comentó un portavoz de la Universidad Brown.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha confirmado la deportación de ciudadanos de varios países, incluyendo Venezuela, Alemania y Líbano, algunos con visas válidas o procesos legales en curso. Para justificar estas acciones, la Casa Blanca ha recurrido a la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una ley casi en desuso que permite acelerar las expulsiones. Esta decisión ha generado fuertes críticas, con muchos acusando al gobierno de actuar fuera del marco legal.
La respuesta judicial no se ha hecho esperar. Varios jueces federales han acusado a la administración Trump de ignorar fallos judiciales previos y de violar garantías del debido proceso. El juez James E. Boasberg, de la Corte de Distrito en Washington D.C., emitió una orden judicial para detener las deportaciones, señalando que "un breve retraso en la expulsión de los migrantes no perjudica al gobierno".
Más allá de las disputas judiciales, el gobierno enfrenta también problemas financieros. Tom Homan, denominado "zar de la frontera", admitió ante el Senado la falta de fondos para sostener los operativos de ICE, solicitando al Congreso un presupuesto adicional de 175 mil millones de dólares. Esta situación complica aún más la situación, llevando a la administración a optar por redadas más espectaculares, aunque esto conlleve a un mayor número de errores.
La opinión pública se muestra dividida. Mientras la administración Trump defiende su política migratoria, encuestas recientes indican que la mayoría de los estadounidenses se opone a la deportación de personas sin antecedentes penales con arraigo en el país. La incertidumbre se extiende entre la población inmigrante, con abogados recomendando a sus clientes evitar viajar, incluso dentro del territorio nacional.
El impacto a largo plazo de estas medidas migratorias sigue siendo incierto, pero las consecuencias legales, financieras y sociales son ya palpables y continuarán en debate.
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