Juez de Estados Unidos detiene temporalmente el cierre de 'Voz de América' ordenado por Trump

El epicentro del conflicto: la Voz de América (VOA), y su futuro, amenazado por una decisión de la Casa Blanca, anunciada el 14 de marzo. Esta decisión, que incluía el desmantelamiento de siete agencias federales, entre ellas la Agencia Estadounidense para los Medios Globales (USAGM), provocó una ola de reacciones y una batalla legal que ha llegado a los tribunales.
En el corazón de la controversia se encuentra la figura del presidente Donald Trump. Según alegatos de los demandantes, la decisión de desmantelar la VOA respondía a una "desaprobación del trabajo del medio", con referencias a su cobertura de temas como "las personas transgénero, el privilegio blanco o su falta de descripción de Hamás como un grupo terrorista."
Ante la corte federal de Manhattan, los abogados de los periodistas de la VOA, representados también por Reporteros Sin Fronteras y cuatro organizaciones sindicales, argumentaron que la orden ejecutiva de Trump era "arbitraria y caprichosa", violatoria del derecho a la libertad de expresión y, además, ponía en peligro la vida de sus empleados. Patsy Widakuswara, jefa de la oficina de la VOA en la Casa Blanca, forma parte de los demandantes.
El juez federal de distrito J. Paul Oetken, respondió a la gravedad de la situación decretando una orden de restricción temporal, frenando así el desmantelamiento de la VOA. Esto después de escuchar argumentos sobre la vulnerabilidad de los 1350 empleados, muchos con visas J1 o patrocinadas por el gobierno, quienes "se enfrentarían a represalias por su trabajo periodístico en sus países de origen" en caso de ser deportados.
Jessica Jerreat, editora de libertad de prensa de la VOA, destacó públicamente la precaria situación de sus colegas, muchos procedentes de países con regímenes hostiles, enfatizando el “riesgo de ser deportados rápidamente en un proceso bastante injusto”.
Mientras tanto, los abogados de la Administración Trump solicitaron el traslado del litigio a un tribunal federal en Washington D.C. El juez Oetken indicó que tomará una decisión sobre esta solicitud en los próximos días.