Montana aprueba ley que limita acceso de personas trans a espacios públicos
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Nicol Matuz ScottMontana se ha convertido en el epicentro de una nueva disputa. El gobernador republicano, Greg Gianforte, firmó el pasado jueves 27 de marzo una ley que restringe el acceso de personas transgénero a baños, vestidores y otras áreas comunes en edificios públicos financiados por el estado. Esto incluye espacios tan diversos como el Capitolio estatal, escuelas, prisiones, bibliotecas, y refugios para víctimas de violencia doméstica.
La ley, impulsada por legisladores republicanos, establece criterios biológicos para definir el sexo, revirtiendo una resolución judicial de 2024 que la consideraba inconstitucional. Se basa en la biología reproductiva y los cromosomas, estableciendo una distinción binaria: masculino y femenino. “Solo existen dos sexos”, señala la norma, ignorando la complejidad de la identidad de género.
La implementación práctica de la ley plantea interrogantes. ¿Cómo se verificará el sexo de una persona? La ley no lo especifica, abierto a interpretaciones y potenciales conflictos. Un hombre transgénero que haya realizado una transición médica, por ejemplo, debería usar el baño de mujeres según la nueva legislación; una situación que genera incertidumbre y preocupación.
La representante republicana Kerri Seekins-Crowe defendió la ley argumentando que busca “garantizar espacios seguros para las mujeres” y proteger la privacidad. Sin embargo, legisladores demócratas, como la representante Zooey Zephyr, la critican duramente, señalando que podría “dar luz verde” a la discriminación y hostigamiento hacia las personas transgénero en espacios públicos. Zephyr, ya sancionada previamente por sus declaraciones en el pleno, advierte sobre el impacto negativo en la seguridad y el bienestar de la comunidad trans.
Un elemento particularmente controvertido es la posibilidad de que particulares demanden a instituciones públicas por incumplimiento de la ley. El demandante, incluso con una victoria simbólica (1 dólar), puede recuperar los costos legales, creando un incentivo para litigios que podrían ser usados para hostigar a personas trans y a las instituciones que no apliquen la ley estrictamente.
La legislación de Montana es parte de una tendencia nacional en estados con gobiernos republicanos, donde se promueven medidas restrictivas sobre los derechos de las personas transgénero. Aunque la ley ya está vigente, su impacto a largo plazo, tanto legal como social, aún es incierto, con la posibilidad de nuevos desafíos judiciales en el horizonte.
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