Estados Unidos ignora fallos judiciales y reanuda deportaciones de venezolanos a El Salvador
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Nicol Matuz ScottEn el centro de la controversia se encuentra la decisión de la administración Trump de deportar a un nuevo grupo de venezolanos a El Salvador. Este traslado, que tuvo lugar el domingo por la noche, comprende 17 individuos, según un anuncio del Secretario de Estado, Marco Rubio, en su cuenta de X, Rubio los identifica como presuntos miembros del Tren de Aragua y la MS-13, mencionando crímenes como asesinato y violación. Sin embargo, la cifra exacta de venezolanos entre este grupo no ha sido especificada.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, documentó la llegada de los deportados en un video difundido en redes sociales. Las imágenes muestran a los individuos con la cabeza rapada, trasladados en autobuses hacia el Centro de Confinamiento para el Terrorismo (Cecot), una prisión de alta seguridad. La falta de información sobre las identidades de los deportados y la dificultad para distinguir entre venezolanos y salvadoreños en el video, genera aún más incertidumbre.
Esta acción desafía directamente la orden de un juez de distrito de DC, James Boasberg, y una posterior decisión de la Corte de Apelaciones del mismo distrito. Ambos dictámenes prohíben la deportación de venezolanos a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, argumentando que esta ley les niega el debido proceso para refutar las acusaciones. La administración Trump, en desacuerdo con estas decisiones, solicitó a la Corte Suprema que revoque las prohibiciones.
La situación se complica aún más por la declaración del Tren de Aragua y la MS-13 como organizaciones terroristas por parte de Trump, medida que ha escalado las acciones contra los inmigrantes venezolanos. Se han enviado tres aviones con más de 230 venezolanos al Cecot, acusados de pertenecer a pandillas basándose, en gran parte, en la presencia de tatuajes. A pesar de que el juez Boasberg ordenó la devolución de las aeronaves, estas llegaron a su destino en El Salvador. Este punto ha sido destacado por organizaciones de derechos humanos que enfatizan la falta de evidencia más allá de los tatuajes para sustentar las acusaciones.
El régimen de Nicolás Maduro ha calificado estas deportaciones como un "secuestro", mientras que el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, ha declarado que, hasta el momento, ningún miembro del Tren de Aragua ha sido deportado en estos vuelos. La falta de transparencia y la información contradictoria de ambas partes dificulta la comprensión total de la situación.
Testimonios de familiares de los deportados y un video de un tatuador que expone la prevalencia de los tatuajes utilizados como evidencia por el gobierno de Trump, añaden complejidad al debate. La subsecretaria de asuntos públicos del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, ha defendido las investigaciones, aunque sin presentar evidencia contundente que respalde las acusaciones.
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