Migrantes menores en Estados Unidos: vidas en riesgo por nuevas políticas de Trump
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Nicol Matuz ScottEl gobierno de Trump ha implementado recientemente dos medidas que han generado una ola de críticas por parte de diversas organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes. La primera, la eliminación de la representación legal para menores no acompañados que llegan a la frontera. La segunda, una nueva norma que afecta directamente a quienes se ofrecen como patrocinadores de estos niños, en su mayoría familiares.
“Es otra idea más contra los niños,” afirma Michael Lukens, director ejecutivo de Amica, “lo que vamos a ver es un efecto disuasorio en quienes desean o pueden patrocinar a sus familiares.” Esta nueva regla exige a los patrocinadores revelar su estatus migratorio, información que será compartida con el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas). Esto significa que muchos indocumentados, temiendo la deportación, se abstendrán de solicitar la tutela de los niños, dejando a estos últimos en una situación de vulnerabilidad extrema.
La medida anula una disposición del gobierno de Biden que protegía la información del estatus migratorio de los patrocinadores. La Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), encargada de la custodia de los menores no acompañados, se ve ahora obligada a compartir estos datos con las autoridades de inmigración. La ORR, dependiente del Departamento de Salud y Servicios Sociales (HHS), recibe a los niños tras su detención por la Patrulla Fronteriza y se encarga de su traslado a hogares de familiares o, en su defecto, a centros de acogida.
En el año fiscal 2024, se entregaron 99.419 niños a patrocinadores, una cifra inferior a los años anteriores (113.602 en 2023 y 128.106 en 2022). El origen de estos menores se concentra principalmente en:
- Guatemala (32%)
- México (20%)
- Honduras (20%)
- El Salvador (8%)
La eliminación de los fondos para la representación legal de estos menores, denunciada por organizaciones como Justice Action Center (JAC) y Amica, ha generado una demanda contra el HHS. Esta medida, calificada como “inaudita” por los demandantes, ha dejado a los niños desprotegidos en un sistema judicial complejo y desconocido para ellos. Muchas veces, no hablan inglés y han sufrido traumas que dificultan enormemente su capacidad de defensa.
Jennie Giambastiani, jueza de inmigración jubilada, resalta la importancia de la representación legal para una gestión eficiente de los casos, incluso para la misma autoridad. “Cuando hay abogados especializados los procedimientos son más eficientes," explica Giambastiani, "Incluso los agentes de ICE, que hacen de fiscales, querían que hubiera abogados porque movía las audiencias y se llegaba a conclusiones más rápido.”
Mickey Donovan-Kaloust, directora de servicios legales de Inmigrants Defender Law Center, comparte casos concretos que muestran el impacto devastador de la falta de representación legal. Un caso destacable es el de una niña víctima de tráfico sexual que, gracias a su abogado, obtuvo protección y pudo escapar de su familia explotadora. Sin embargo, otros menores, con derecho a permanecer en Estados Unidos, enfrentan la deportación por la ausencia de defensa legal.
La experiencia de Gerson Navidad, un joven salvadoreño que llegó solo a Estados Unidos huyendo de las amenazas de una pandilla, ilustra la dificultad que enfrentan estos niños. “La primera pregunta que me hicieron al entrar a Estados Unidos no fue: ‘¿Cómo estás?, ¿Por qué estás aquí?’ Lo primero fue: ‘¿A qué pandilla perteneces?’” recuerda Navidad. Su testimonio subraya la importancia del apoyo legal y emocional para estos menores, que a menudo llegan traumatizados y desorientados.
Una audiencia ante un juez de distrito en San Francisco está programada para la próxima semana, donde se espera una resolución a esta problemática que afecta directamente la vida de miles de niños. La magnitud del problema trasciende la simple burocracia; se trata de la protección de los más vulnerables.
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