Caída de red de narcotráfico y armas en Los Ángeles: Padre e hijo arrestados
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Leonora LagardaEn este contexto, la reciente detención de Antonio Espinoza Zárate (55 años), residente del área de Mar Vista, y su hijo, Francisco Javier Espinoza Galindo (31 años), de Santa Mónica, ha puesto en alerta a las autoridades. Ambos fueron arrestados el 26 de marzo en el condado de Los Ángeles, acusados de un delito que ha impactado profundamente a la comunidad.
Según el Departamento de Justicia, las acusaciones federales contra ambos incluyen el presunto tráfico de al menos 4.4 libras de pastillas de fentanilo, junto con la venta ilegal de varias armas de fuego y municiones. La investigación detalla una serie de transacciones realizadas a lo largo de varios meses.
Los documentos judiciales describen una primera transacción en julio de 2023, donde Antonio, también conocido como "El Gato", vendió una pistola, un rifle, 131 cartuchos de munición y más de 1.1 libras de pastillas de fentanilo. Es importante destacar que Antonio no contaba con la licencia necesaria para el tráfico de armas de fuego.
Un segundo incidente tuvo lugar en agosto del mismo año, donde Antonio vendió un rifle tipo AR y aproximadamente un kilo de fentanilo. En este caso, las autoridades señalan la participación de Francisco Javier en el suministro de las drogas y armas.
Posteriormente, en enero y febrero de 2024, se registraron nuevas ventas ilegales por parte de Antonio, incluyendo la venta de más de 500 gramos de pastillas de fentanilo en compañía de su hijo. Esta última transacción, realizada a un informante confidencial, se convirtió en el detonante para los arrestos.
Las acusaciones contra Antonio no se limitan al tráfico de drogas y armas. El Departamento de Justicia también lo acusa de reingresar ilegalmente a Estados Unidos después de al menos cuatro deportaciones. Además, cuenta con antecedentes penales, incluyendo condenas por delitos graves en 2008 relacionadas con posesión de narcóticos para la venta.
De ser declarados culpables de todos los cargos, tanto Antonio como Francisco podrían enfrentar una sentencia máxima de cadena perpetua en una prisión federal, con una mínima obligatoria de 10 años. El caso destaca la compleja red de crimen organizado que opera en la región, y el peligro latente que representa para la seguridad pública.
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