Nueva ley de inmigración en Estados Unidos: cuota de $1000 para solicitar asilo

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Las discusiones sobre inmigración en Estados Unidos suelen ser complejas y, a menudo, polarizan. Pero detrás de los debates políticos, hay historias humanas con impactos reales y consecuencias económicas significativas; en este contexto, surge una propuesta que está generando un fuerte debate

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Nicol Matuz Scott el 01/05/2025 09:22 AM.
En Internacional y editada el 01/05/2025 09:29 AM.

Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Representantes propone cambios radicales en el sistema de asilo y visados. El elemento más controversial: una cuota de $1,000 dólares para solicitar asilo en Estados Unidos. Esto representa una novedad sin precedentes, estableciendo una tarifa directa por primera vez en la historia del país.

Pero el costo no termina ahí. El proyecto, parte de una iniciativa de presupuesto e inmigración más amplia, establece cuotas adicionales. Se cobrarían $100 anuales mientras el caso de asilo está pendiente y $550 adicionales por la autorización de trabajo. Para los patrocinadores de menores no acompañados, la cifra asciende a $3,500, con un posible aumento a $5,000 si no comparecen a la corte. Además, el texto contempla un aumento en las tarifas para la renovación de permisos de trabajo para personas bajo TPS, parole o asilo (al menos $550), y la introducción de otras tasas, incluyendo:

$250 por un visado temporal ("visa integrity fee").
$400 para solicitar una visa de diversidad.
$250 para participar en la lotería de visas.
$1,500 para solicitar la residencia permanente en la corte de inmigración.
$900 para apelar una decisión del Departamento de Seguridad Nacional o un juez de inmigración.

Según Forbes, estas cantidades se ajustarían anualmente con la inflación. La recaudación de estos fondos se destinaría a un ambicioso plan de expansión de la aplicación de la ley de inmigración. Se han destinado $45 mil millones hasta 2029 para aumentar la capacidad de detención, $14 mil millones para operaciones de deportación y $8 mil millones para contratar al menos 10,000 empleados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El proyecto también busca limitar la supervisión judicial, restringiendo los poderes de desacato contra funcionarios gubernamentales, a menos que los demandantes proporcionen una garantía financiera. Este punto, junto con las elevadas tarifas, ha generado fuertes críticas. "Esta nueva tarifa tendrá un efecto disuasorio en quienes solicitan asilo desde países del continente africano, donde el PIB es el más bajo," señaló el abogado de inmigración Jonathan Grode a Forbes, haciendo referencia a la tarifa para la lotería de visas de diversidad.

La complejidad de esta propuesta radica en el equilibrio entre el control fronterizo y el acceso a la justicia para los solicitantes de asilo, un debate que seguramente seguirá dando mucho de qué hablar en los próximos meses.