Aumentan los arrestos de migrantes en zona militar fronteriza

El 15 de abril, el Departamento del Interior cedió una franja de 60 pies de ancho, paralela al muro fronterizo, al Departamento de Defensa. Esta transferencia, ocurrida tras el despliegue de miles de tropas por parte de la administración Trump, ha creado una nueva "Zona de Defensa Nacional" en Nuevo México. Esta acción no es simplemente un cambio administrativo; implica un aumento considerable en la presencia militar en la zona.
Desde entonces, se han registrado múltiples detenciones de migrantes por incursión ilegal en propiedad militar. Según registros judiciales, al menos siete migrantes han sido arrestados desde el 24 de abril. Entre ellos se encuentran Alexander Aguilar Morales, detenido cerca de Antelope Wells, y Eleazar Acosta Flores, aprehendido a varios kilómetros al este del cruce fronterizo comercial de Santa Teresa. Ambos admitieron su entrada ilegal a Estados Unidos y su conocimiento de las restricciones de la zona. Marcial Pérez Díaz también forma parte de esta lista de detenidos.
"Entraron a una zona restringida sabiendo que era una reserva militar", señalan los documentos judiciales. Los arrestos, llevados a cabo por agentes de la Patrulla Fronteriza, se basan en la nueva legislación que considera la entrada no autorizada a esta zona como un delito. Los documentos no especifican si las fuerzas militares participaron directamente en las detenciones, o si fueron alertados por sistemas de vigilancia.
La situación ha generado preocupación en la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Nuevo México. Rebecca Sheff, abogada principal de la ACLU, expresa su inquietud sobre la creciente militarización de la frontera y las posibles violaciones a los derechos constitucionales.
Su preocupación se centra en la potestad de las fuerzas militares para detener civiles, realizar registros y aplicar medidas de control de multitudes dentro de la Zona de Defensa Nacional. “No queremos zonas militarizadas donde los residentes fronterizos, incluyendo ciudadanos estadounidenses, enfrenten posibles procesos judiciales simplemente por estar en el lugar equivocado”, afirma Sheff.
El incremento en la actividad militar en la frontera no solo afecta a los migrantes, sino que también genera incertidumbre sobre la posible afectación a la población civil, así como las implicaciones para las relaciones entre Estados Unidos y México.