Deportaciones: cláusula secreta usada contra estudiantes propalestinos

Nos referimos a la sección 8 U.S.C. § 1227(a)(4)(C)(i) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Esta cláusula, que permite la expulsión de individuos cuya presencia se considera perjudicial para la política exterior de Estados Unidos, ha sido utilizada recientemente para ordenar la deportación de cuatro estudiantes con residencia permanente en el país.
Se trata de Mahmoud Khalil, Yunseo Chung, Mohsen Mahdawi (de la Universidad de Columbia) y Rumeysa Ozturk (de la Universidad de Tufts). Estos estudiantes, sin antecedentes penales, fueron acusados de afectar la política exterior estadounidense por su participación en manifestaciones propalestinas. Un dato impactante: según un análisis de 11.7 millones de casos migratorios, entre 1990 y marzo de 2025, solo se invocó esta cláusula en 15 ocasiones. "El uso actual de esta cláusula no tiene precedentes," afirman Graeme Blair y David Hausman, autores del informe que revela esta información.
La aplicación de esta norma ha generado un fuerte rechazo. Más de 150 profesores de derecho y ciencias políticas expresaron su preocupación, argumentando que el gobierno está utilizando una herramienta diseñada para casos excepcionales para castigar posturas políticas. “No hay antecedentes de que se aplique por expresar una opinión política,” señala la profesora Fatma Marouf de la Universidad Texas A&M. El gobierno, por su parte, justifica su accionar como parte de una política para frenar el antisemitismo en universidades.
El caso es aún más preocupante considerando que la decisión de deportación recae exclusivamente en el secretario de Estado, Marco Rubio, sin necesidad de un proceso legal exhaustivo. Un juez migratorio en Luisiana ya avaló la deportación de uno de los estudiantes, basándose en un memo del secretario Rubio que afirma que la presencia del estudiante fomenta un "ambiente hostil para los estudiantes judíos".
Este suceso pone de manifiesto la vulnerabilidad de los residentes legales en Estados Unidos ante la aplicación discrecional de ciertas leyes migratorias, planteando interrogantes sobre el debido proceso y el alcance de la libertad de expresión en el contexto de la política exterior.
El informe judicial subraya que la cláusula otorga al gobierno una “discrecionalidad absoluta,” lo que, según expertos, la convierte en una herramienta potencialmente peligrosa con implicaciones de largo alcance en el futuro.