Jueza permite uso limitado de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a inmigrantes venezolanos

El centro de la controversia reside en la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 y su posible aplicación para deportaciones. La jueza federal Stephanie L. Haines, designada durante el primer mandato de Donald Trump, emitió un fallo que autoriza el uso de esta ley en el distrito occidental de Pensilvania para la deportación de inmigrantes venezolanos, específicamente en el caso de un individuo identificado con las iniciales A.S.R.

Sin embargo, la decisión de la jueza Haines no es una aprobación incondicional. "El procedimiento empleado por el gobierno violó garantías constitucionales básicas," afirma la jueza en su fallo. Para mitigar esto, impuso importantes restricciones al proceso de deportación.

Entre estas restricciones destacan:

• Notificación previa de al menos 21 días: El gobierno federal debe notificar a los individuos considerados "enemigos extranjeros" con al menos tres semanas de anticipación, en un idioma que comprendan.
• Derecho a impugnación judicial: Los afectados tienen el derecho a desafiar legalmente su deportación antes de ser trasladados fuera del país.

Este fallo contrasta con las decisiones de otros jueces federales en Colorado, Nueva York y Texas, que bloquearon o restringieron el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportaciones, considerando su aplicación en tiempos de paz como inconstitucional. Incluso, un juez en el oeste de Texas exige 30 días de notificación previa. Esta disparidad de opiniones podría llevar el caso a la Corte Suprema de Estados Unidos para una resolución definitiva.

El impacto de la decisión de la jueza Haines se limita, por ahora, al distrito occidental de Pensilvania, donde se encuentra el Moshannon Valley Processing Center, un importante centro de detención de inmigrantes. La posibilidad de que otros jueces sigan el precedente de Haines o lo rechacen, crea un escenario de incertidumbre legal para los migrantes en Estados Unidos.

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