Continúa la batalla legal por el parole humanitario

En el corazón de esta incertidumbre se encuentra el parole humanitario para migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela (CHNV). La administración Trump, a través de su abogado general, John Sauer, ha calificado el fallo de la jueza Indira Talwani, de la Corte Federal de Boston, que frenó temporalmente la revocatoria del programa, como una “anulación de una de las políticas de inmigración más importantes” para el gobierno estadounidense. Sauer argumenta una interpretación errónea de la ley por parte de la jueza y una interferencia indebida con las atribuciones del poder ejecutivo en el control de la inmigración irregular. Su postura es que este fallo “interrumpe innecesariamente políticas… para frenar la entrada ilegal al país”.
El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, con un panel integrado por jueces nombrados por Biden y Obama, ha frenado el intento del gobierno de terminar con el programa, mostrando escepticismo sobre la autoridad de la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, para hacerlo. Sin embargo, la batalla legal lejos de terminar, se intensifica.
La administración Trump ha escalado la situación presentando una petición de emergencia ante el Tribunal Supremo para anular las protecciones contra la deportación de los migrantes CHNV amparados por el parole. El argumento central de la administración Trump se centra en la alegada utilización abusiva del parole, facilitando un supuesto “fraude migratorio masivo”, según declaraciones de sus representantes legales. Se destaca la exigencia del programa de un patrocinador en Estados Unidos con responsabilidad financiera para el migrante, así como la concesión inmediata de un permiso de trabajo.
La abogada especialista en inmigración, María Herrera Mellado, explica que el Tribunal Supremo podría confirmar la pausa actual, revocar la medida, o incluso establecer excepciones judiciales. Añade que la posibilidad de un fallo a favor de la administración Trump podría abrir la puerta a una suspensión general del programa, aunque con posibles excepciones. Ella enfatiza la complejidad del proceso en el Supremo, señalando que si se acepta el caso de fondo, la resolución podría tomar entre 6 y 12 meses o más. Describe el proceso, detallando los pasos: presentación de la solicitud de emergencia, revisión por un juez, respuesta de la parte contraria, decisión preliminar, petición de revisión completa (writ of certiorari) y finalmente, si se acepta el caso, el análisis de fondo.
Mientras tanto, la incertidumbre prevalece entre los migrantes, reflejada en vigilias y protestas en diversas ciudades de Estados Unidos, como la realizada en Miami por un grupo de venezolanos, quienes expresan su preocupación ante la inestabilidad de su situación legal y la precaria situación en sus países de origen.
La Federación para la Reforma Migratoria Estadounidense (FAIR) publicó un informe en 2024 revelando un posible fraude masivo en la aplicación del parole, con miles de inmigrantes usando información falsa. Este informe, que señala casos de más de 10,000 solicitantes con respuestas idénticas, añade complejidad a la situación. A pesar de la naturaleza discrecional del parole, su eliminación completa enfrenta potenciales litigios, especialmente en situaciones humanitarias críticas.