Incertidumbre en la agricultura: visas H-2A y el futuro de los trabajadores agrícolas
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Nicol Matuz ScottPero tras la belleza de la floración se esconde una creciente incertidumbre. Carmelo Méndez, un trabajador con visa H-2A de Tlaxcala, México, conoce bien esta inquietud. El año pasado, ganó $17.70 dólares la hora podando melocotoneros en Colorado, una fortuna comparada con sus posibilidades en México. Este año, busca desesperadamente trabajo en las redes sociales, un reflejo de la ansiedad que recorre a más de 300,000 trabajadores extranjeros que llegan anualmente a Estados Unidos bajo este programa.
La razón de la preocupación reside en las cambiantes políticas federales de inmigración. “Sin el programa H-2A, creo que la agricultura en Estados Unidos se desplomaría,” afirma Méndez, subrayando la dependencia del sector en esta mano de obra. La incertidumbre se acentúa con el debate sobre el futuro de los trabajadores indocumentados, un grupo que compone una parte significativa de la fuerza laboral agrícola.
El debate se centra en el Proyecto 2025 de la Heritage Foundation, que propone sustituir a los trabajadores H-2A por mano de obra estadounidense y automatización. Jonathan Berry, propuesto para dirigir la oficina legal del Departamento de Trabajo, ha sido una figura clave en esta iniciativa. Si bien la tecnología podría reemplazar algunas tareas, muchos cultivos siguen dependiendo de la labor humana, especialmente para los pequeños agricultores, que no pueden costear equipos costosos.
El apoyo político a la situación actual es complejo. Investigate Midwest reporta que las comunidades agrícolas apoyaron al presidente Trump en casi un 80% en las elecciones de 2024, aportando más de 24 millones de dólares a su campaña. La agroindustria aboga por flexibilidades en las regulaciones del programa H-2A, lo que incluye reducir requisitos salariales y de vivienda, una postura que choca con las denuncias de explotación laboral.
En Crist Bros Orchards, Jenny Crist, junto a su familia, explica la dependencia crucial del programa: “[H-2A] nos permite mantener una finca agrícola… y proporcionar alimentos en los Estados Unidos.” A final de año, más de 150 trabajadores H-2A habrán contribuido a la cosecha de manzanas. Sin embargo, líderes sindicales como Carlos Marentes, director ejecutivo del Centro de Los Trabajadores Agrícolas Fronterizos, señalan la vulnerabilidad de estos trabajadores: “La situación de los trabajadores agrícolas en EE.UU. ya es muy mala, pero lo que van a hacer es legalizar esta opresión.”
La situación se complica aún más con la posibilidad de deportaciones masivas. Los trabajadores indocumentados, que representan alrededor del 40% de la mano de obra agrícola, ven en la expansión del programa H-2A una amenaza a sus oportunidades laborales. Rosalinda Guillen, líder sindical en Washington, lo describe como una estrategia para reemplazarlos por un grupo más vulnerable. La Ley de Dignidad, que buscaba soluciones, fracasó en el Congreso.
En Minnesota, los hermanos Field, de Field Brothers Farm, dependen de los trabajadores H-2A por la falta de mano de obra local. Gastan más de 30 dólares por hora por trabajador, incluyendo alojamiento y transporte. Para ellos, la solución ideal seria facilitar la permanencia de estos trabajadores y sus familias, generando un impacto positivo en las comunidades rurales.
El impacto de las políticas de Estados Unidos se siente también en México. Flavio Vázquez, quien trabaja en Crist Bros Orchards, gana más que en Morelos, su estado natal. Sin embargo, la separación de su familia es un precio alto a pagar por una estabilidad económica que, incluso así, solo es temporal. Su historia personal resalta la complejidad de la situación, donde el alivio económico contrasta con el profundo costo humano.
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