Nueva ley fiscal en Estados Unidos: impacto devastador en familias migrantes
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Nicol Matuz ScottEn el centro de la polémica se encuentra una ley fiscal aprobada recientemente por la Cámara de Representantes. Esta legislación, impulsada por la administración Trump, afecta directamente a aproximadamente dos millones de niños ciudadanos estadounidenses con padres indocumentados, al restringir su acceso al crédito fiscal infantil.
“La retórica esencialmente desalienta a la gente a utilizar los beneficios públicos,” señala Valerie Lacarte del Migration Policy Institute, en declaraciones al New York Times. “Incluso si eres elegible, le estás haciendo saber al gobierno que alguien en tu hogar puede ser indocumentado.” Este comentario refleja la preocupación de que la medida, más allá de sus consecuencias financieras, genera un efecto disuasivo para familias que, por miedo, podrían dejar de solicitar la ayuda a la que tienen derecho.
Pero el impacto no se limita al crédito fiscal. El proyecto de ley amplía las restricciones a los inmigrantes con estatus legal limitado, excluyéndolos de programas como Medicare y los subsidios de salud de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA). Esto afecta a refugiados, inmigrantes con asilo y personas con estatus de protección temporal, incluyendo a aquellos amparados por la política DACA.
Además, el Departamento de Agricultura ha ordenado a los estados intensificar las verificaciones de identidad y estatus migratorio para el programa de asistencia alimentaria SNAP (Programa de Cupones de Alimentos), citando un presunto gasto inapropiado de $10.5 mil millones en 2023. “Es nuestro deber asegurar que los estados confirmen la identidad y verifiquen el estatus migratorio de los solicitantes de SNAP,” declaró la Secretaria de Agricultura, Brooke Rollins.
De manera similar, los Departamentos de Vivienda y Seguridad Nacional acordaron compartir datos para excluir a los inmigrantes indocumentados de la vivienda subsidiada por el gobierno federal. Se estima que más de 108,000 personas en hogares mixtos reciben actualmente este tipo de ayuda. La implementación de esta política podría desplazar a decenas de miles de niños residentes legales.
Mientras los defensores de las restricciones argumentan que se trata de una medida de responsabilidad fiscal, expertos como Alex Nowrasteh, del Cato Institute, señalan que los no ciudadanos representan solo el 3.5% de los beneficios federales. Esta discrepancia destaca la complejidad del debate y la necesidad de un análisis más profundo del impacto en la población.
El debate sobre la distribución de recursos y el acceso a servicios sociales esenciales continúa en curso, poniendo en relieve la urgencia de equilibrar las necesidades económicas con los derechos humanos y la protección de las familias vulnerables. La situación pone sobre la mesa la necesidad de soluciones integrales que no penalicen a los ciudadanos estadounidenses por el estatus migratorio de sus familiares.
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