Juez acusa a Trump de "fabricar caos" en deportaciones
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Nicol Matuz ScottEl centro de la controversia reside en el caso de ocho inmigrantes de diferentes países, a quienes el gobierno de Donald Trump pretendía deportar a Sudán del Sur. Este proceso, según la orden judicial, no se ajustó a los procedimientos legales establecidos.
El juez Brian Murphy, en una orden de 17 páginas, acusó a la administración Trump de "fabricar caos". Murphy, quien supervisa el caso en el que organizaciones defensoras de los inmigrantes buscan evitar estas deportaciones, habló de una falta de claridad intencional por parte del gobierno, alegando que se buscó la evasión de la ley.
La situación se complicó cuando, en una audiencia, el juez Murphy determinó que estos ocho hombres no habían tenido la oportunidad de argumentar que su deportación a Sudán del Sur podría ponerlos en peligro. Ante esta situación, el juez, en lugar de ordenar su regreso a Estados Unidos, propuso como alternativa la realización de audiencias en Yibuti, mientras permanecieran bajo custodia estadounidense. Una solución que, según sus palabras, fue una "sugerencia" del mismo gobierno.
El argumento del gobierno se centra en los antecedentes migratorios de los hombres y sus presuntos antecedentes penales en Estados Unidos, presentándolos como una amenaza a la seguridad nacional. También se alegó que sus países de origen (Cuba, Laos, México, Myanmar, Vietnam y Sudán del Sur) se negaban a aceptarlos.
La estrategia del gobierno de Trump, según el juez, se basó en la utilización de países terceros para la recepción de migrantes que no pueden ser deportados a sus países de origen, una práctica que se ha intensificado en los últimos años. Países como El Salvador, Costa Rica y Panamá han aceptado a algunos deportados, con El Salvador presentando el caso más controvertido debido al uso de una notoria prisión para retenerlos. Este proceso, afirma el juez, es más complejo de lo que la administración había previsto.
El juez Murphy destacó la falta de tiempo y las dificultades que enfrentaron los ocho hombres para comunicarse con sus familias o abogados antes de la deportación, argumentando que el tiempo entre la notificación y la partida fue "limitado, como máximo" y que la mayoría del tiempo fue fuera del horario laboral. La orden judicial pone de manifiesto la dificultad de aceptar que el gobierno actuó con transparencia y respetando los derechos de los individuos.
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