Presupuesto de $90,000 millones divide al Senado por plan migratorio de Trump

El centro de la controversia reside en un paquete presupuestario propuesto por el Presidente Donald Trump, que asciende a casi $90,000 millones de dólares. Este monto exorbitante, destinado al fortalecimiento del sistema migratorio, está dividiendo incluso a los republicanos en el Senado. La propuesta, presentada para su aprobación “lo más pronto posible”, según palabras del propio mandatario, busca potenciar considerablemente la capacidad de detención y deportación de inmigrantes.
Uno de los puntos más llamativos es la asignación de $45,000 millones para centros de detención, destinados a albergar a familias y personas solas desde 2025 hasta septiembre de 2029. Esto representaría un incremento anual de $9,000 millones, comparado con los $3,430 millones autorizados para el año fiscal 2024. Organizaciones como la Oficina de Washington y América Latina (WOLA) estiman que esto permitiría detener simultáneamente a más de 100,000 personas, superando ampliamente la capacidad actual. El American Immigration Council, por su parte, calcula que el aumento en camas podría llegar a 125,000 o más. Esta expansión ha generado preocupación, ya que se teme un aumento de las "condiciones inhumanas" en los centros de detención.
La propuesta no se limita a la expansión de centros de detención. Incluye también:
En cuanto a las deportaciones, se asignan más de $15,000 millones, incluyendo fondos para deportaciones expeditas y por tierra. Se destaca la imposición de multas, con casos extremos como el de una madre hondureña multada con $1.8 millones por no cumplir con una orden de deportación. El refuerzo del aparato judicial, con $1,320 millones para contratar más abogados del DHS y $1,250 millones para personal de apoyo y jueces de inmigración, también forma parte del plan.
El paquete también incluye más de $1,600 millones para fortalecer la cooperación con ICE a través de los acuerdos 287(g), incentivando la colaboración de las agencias estatales y locales en la detención de inmigrantes. Esto incluye fondos para compensar a estados que cooperen en el encarcelamiento de extranjeros acusados de delitos, excluyendo a los estados con políticas santuario.
Finalmente, se contemplan $46,500 millones para la construcción de muros fronterizos, un punto especialmente polémico en el Senado, con algunos senadores republicanos cuestionando la necesidad de una inversión tan significativa. A este monto se suman fondos adicionales para mejorar las instalaciones de la Patrulla Fronteriza y contratar más agentes.