Corte declara inconstitucional aranceles de Trump; caso sube al Supremo
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Nicol Matuz ScottEl centro de la controversia: la política arancelaria del gobierno de Trump. Una decisión judicial inesperada, emitida por un panel de tres jueces de la Corte de Comercio Internacional, ha generado un terremoto político. El miércoles pasado, esta corte falló en contra de la administración Trump, declarando “inconstitucional” una parte de su política de aranceles globales.
La orden judicial, que paralizó los aranceles anunciados el 2 de abril (bautizado como "Día de la Liberación" por la administración Trump) y otros impuestos previamente a Canadá, México y China, provocó una reacción inmediata del gobierno. El fallo se basó en la argumentación de que el Congreso no había delegado al presidente un poder "ilimitado" para usar la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales de 1977 (IEEPA).
La administración Trump, a través de su escrito ante el Tribunal de Apelaciones, argumentó que la suspensión de los aranceles causaría un "daño inmediato e irreparable a la nación". El director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, Kevin Hassett, expresó su confianza en que la decisión sería revertida. Sin embargo, la contundencia del lenguaje usado en el recurso deja entrever la gravedad de la situación para el gobierno.
La respuesta desde el equipo de Trump no se hizo esperar. Asesores clave como Stephen Miller, en un mensaje en X (antes Twitter), declaró: “Vivimos bajo una tiranía judicial”. Mientras que Jason Miller, en una entrevista en Fox Business, criticó a los jueces –a quienes calificó de “no electos”– por intentar “imponer su propia voluntad en lo que respecta a la política fiscal, política comercial y todo lo relacionado con la economía”.
El Tribunal otorgó al gobierno 10 días para realizar los ajustes necesarios para cumplir con la orden judicial, y le prohibió cualquier modificación futura a los aranceles en cuestión. La batalla legal, sin embargo, apenas comienza. El gobierno anunció su intención de apelar la decisión ante el Tribunal Supremo, dejando la expectativa de una resolución final en manos del máximo tribunal del país. La situación deja al descubierto una profunda grieta en el sistema legal estadounidense, con implicaciones trascendentales para la economía nacional e internacional.
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