Gobierno de Trump busca regresar a Estados Unidos a guatemalteco tras deportación errónea
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Nicol Matuz ScottUno de estos casos, que ha generado gran revuelo, involucra a O.C.G., un ciudadano guatemalteco. Este individuo, identificado en documentos judiciales, fue deportado a México erróneamente. La situación se agravó al conocerse que O.C.G. había sido previamente reconocido como vulnerable debido a su orientación sexual, lo que le otorgaba protección legal en Estados Unidos. Según su testimonio, “fue subido a un autobús en Arizona junto con otros 20 hombres y deportado a México, sin saber que se dirigía a ese país.”
El juez federal Brian Murphy emitió una orden, días antes del anuncio oficial, exigiendo al gobierno estadounidense facilitar el regreso de O.C.G. a su territorio, argumentando que la deportación se llevó a cabo "sin el debido proceso". Este fallo judicial es significativo, ya que cuestiona las prácticas de deportación y la protección de los derechos de los migrantes.
La respuesta del gobierno de Trump, a través del Departamento de Justicia, no se hizo esperar. En un giro inesperado, se anunció que están trabajando para traer de vuelta a O.C.G. utilizando un "vuelo de Air Charter Operations". Esta acción se enmarca dentro de un programa de 'Libertad Condicional en Beneficio Público Significativo', sujeto a la aprobación adicional del Departamento de Seguridad Nacional. Este programa permite la entrada temporal a personas que normalmente no serían elegibles, con frecuencia por razones legales.
Este caso no es aislado. Otros casos similares, como el de Kilmar Abrego García, un salvadoreño deportado erróneamente a pesar de haber obtenido protección legal en Estados Unidos, ponen de manifiesto las fallas sistemáticas en el proceso de deportación. La Corte Suprema intervino en este caso, ordenando su regreso, pero el gobierno se negó a cumplir. La problemática incluye deportaciones a terceros países, generando mayor incertidumbre e inseguridad para los migrantes.
La situación actual de O.C.G., refugiado en Guatemala, y la implicación del fallo judicial en su caso, representan un punto de inflexión en el debate sobre la deportación y las garantías legales para los migrantes. El caso pone en relieve la importancia de revisar los protocolos y procesos para asegurar que se respete el debido proceso y se protejan los derechos de los individuos vulnerables.
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