Crisis de asilo en Estados Unidos: posible aumento de espera para permisos de trabajo

El epicentro de esta inquietud radica en reportes que apuntan a una posible reforma bajo consideración por parte del gobierno federal. Según fuentes citadas por diferentes medios, la propuesta implicaría cambios drásticos en los tiempos de espera para obtener un permiso de trabajo en Estados Unidos. En lugar de los actuales 150 días, se habla de un periodo de espera de un año completo, una situación que ha generado alarma entre los solicitantes.
"La información indica que intentan resolver los casos en seis meses, lo cual es una locura, porque no hay suficientes jueces y el proceso llevará mucho más tiempo," afirma Estuardo Cifuentes, gerente de programa de Project Corazon, Lawyers for Good Government. Cifuentes, un ex solicitante de asilo que reside ahora en Nueva York, ha recibido "cientos de llamadas" de sus clientes desde que se difundieron las noticias.
Un informe de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de julio de 2024, arroja datos preocupantes: el 77% de los casos de asilo toman más de 180 días en resolverse. Más de 786,000 casos estuvieron pendientes durante más de seis meses, y el 40% se extendieron por dos años. Esta realidad contrasta fuertemente con la supuesta meta de seis meses planteada en la propuesta.
Aunque el DHS se ha limitado a declarar que "El Departamento está explorando todas las opciones posibles para proteger nuestra seguridad nacional y aumentar la integridad del programa," la falta de claridad genera mayor preocupación. La posibilidad de que los solicitantes de asilo se vean obligados a depender de organizaciones sin fines de lucro o a aceptar trabajos informales para sobrevivir, es una realidad alarmante.
La Ley de Reforma e Control de Inmigración de 1986 exige a los empleadores verificar la identidad y autorización de trabajo de todos los empleados potenciales. Los permisos de trabajo, usualmente válidos por hasta cinco años, representan un sostén económico crucial para muchos solicitantes mientras esperan la resolución de sus casos. La modificación propuesta podría significar una crisis humanitaria, obligando a familias a enfrentar dificultades económicas extremas.
El impacto potencial de esta reforma se extiende más allá de la economía individual, afectando la estabilidad social y el bienestar de una población vulnerable. La situación actual requiere una atención urgente y un análisis profundo de las consecuencias a largo plazo.