Marines y más miembros de la Guardia Nacional llegan a Los Ángeles por orden de Trump
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Nicol Matuz ScottEl centro de la controversia: la intensificación de las redadas migratorias ordenadas por el presidente Donald Trump. Más de 40 personas fueron detenidas el viernes, desencadenando una ola de manifestaciones que rápidamente escalaron en intensidad. Los incidentes del sábado y domingo incluyeron enfrentamientos con la policía, vehículos incendiados y el uso de gases lacrimógenos. “Un caos que no se veía en décadas,” comentaron algunos testigos.
Pero la respuesta del gobierno federal fue, para muchos, mucho más sorprendente. La llegada de 2,000 efectivos de la Guardia Nacional, a los que se sumaron 700 marines, por orden directa del presidente Trump, ha generado un profundo malestar en las autoridades locales. El gobernador Gavin Newsom lo calificó como “una falta de respeto a nuestras tropas” y una maniobra para alimentar el ego presidencial. La alcaldesa Karen Bass coincidió, señalando que la presencia militar agravaba, en vez de solucionar, la situación.
El jefe de policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, expresó en un comunicado su preocupación. La llegada de los marines sin coordinación con el departamento de policía representaría un “importante desafío logístico y operativo”, dificultando la gestión de las protestas. Las preocupaciones del jefe McDonnell no son infundadas: la logística de integrar 2700 efectivos militares en una ciudad como Los Ángeles, sin un plan claro de colaboración con las fuerzas locales, representa un desafío inmenso.
Las protestas, si bien inicialmente fueron violentas, mostraron un cambio significativo el lunes. Miles participaron en una manifestación pacífica frente al Ayuntamiento, mientras cientos más protestaban frente a un centro de detención federal. La atmósfera era diferente; la energía del día se sentía más centrada en el apoyo a los detenidos y en la condena de las políticas migratorias.
En paralelo a las manifestaciones, se suscitó una fuerte controversia legal. El fiscal general de California, Rob Bonta, presentó una demanda contra el despliegue de la Guardia Nacional, argumentando que Trump había “pisoteado” la soberanía estatal. Este caso plantea preguntas importantes sobre los límites del poder presidencial y la autonomía estatal en situaciones de emergencia.
Entre los detenidos, se encuentra David Huerta, líder sindical, cuya liberación bajo fianza generó un nuevo punto de inflexión en las manifestaciones. El arresto de Huerta, un símbolo para los manifestantes, ha intensificado la presión sobre las autoridades. Historias como la de Jacob Vásquez, trabajador detenido y único sostén de su familia, humanizan la crisis y amplifican el clamor por justicia.
El despliegue de la Guardia Nacional, sin precedentes en décadas, representa una escalada significativa en el conflicto. La última vez que ocurrió algo similar fue en 1965, durante la lucha por los derechos civiles. El uso de una disposición legal que permite al presidente desplegar fuerzas federales en caso de “rebelión” es ahora el centro de un debate político y jurídico de gran alcance. La presencia de los marines, estacionados inicialmente en la Estación de Armas Navales Seal Beach, se mantenía hasta el momento sin mayores incidentes, aunque la interacción con los manifestantes ha sido mínima.
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