"El gobierno está utilizando ilegalmente este proceso para inflar cifras de deportación", denunció Karen Tumlin del Justice Action Center durante la audiencia. El blanco: inmigrantes que llegaron al país bajo programas humanitarios ya cancelados, como el CHNV para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos.
Los detalles que preocupan:
La medida afectaría principalmente a:
El trasfondo político es claro: la Administración busca cumplir promesas de mano dura migratoria en año electoral. Pero los jueces federales parecen dispuestos a poner límites. "El tribunal mostró escepticismo ante los argumentos maximalistas del gobierno", admitió un abogado del Departamento de Justicia bajo condición de anonimato.