Georgia despliega Guardia Nacional en apoyo a ICE, pero con restricciones

El gobernador republicano Brian Kemp detalló que 75 miembros de la Guardia Nacional estatal apoyarán exclusivamente en "funciones administrativas y logísticas", desde procesamiento de documentos hasta mantenimiento vehicular. La medida busca liberar agentes federales para tareas de campo, en el marco de un operativo que ya involucra a tropas de 18 estados.

• Texas y Florida lideran la lista de estados participantes
• Los efectivos actuarán solo dentro de sus jurisdicciones estatales
• Se excluyen expresamente labores de patrulla o arresto

Detrás de la estrategia está una solicitud formal del Departamento de Seguridad Nacional, que enfrenta una saturación de casos migratorios. "Esto no tiene relación con el despliegue en Washington D.C.", aclaró Kemp, en referencia a las controversiales movilizaciones de la Guardia Nacional en la capital federal.

La Guardia Nacional de Georgia cuenta con 14,000 miembros activos, por lo que los 75 asignados representan apenas el 0.5% de su fuerza. Sus labores específicas incluirán:

• Gestión de citas para procesos migratorios
• Recolección de datos biométricos
• Seguimiento de recursos y gastos operativos

Críticos como el representante estatal Derrick Jackson han señalado que la medida "desnaturaliza el rol constitucional de la Guardia Nacional", creada originalmente para emergencias civiles y defensa nacional. Legisladores demócratas advierten sobre posibles tensiones comunitarias, aunque las autoridades insisten en el carácter no confrontacional del operativo.

El debate ocurre mientras organizaciones civiles documentan un aumento del 40% en deportaciones este año, según datos del Transactional Records Access Clearinghouse. Georgia deportó a 2,813 migrantes solo en el primer semestre, ubicándose entre los diez estados más activos en aplicación de políticas migratorias.

Expertos en seguridad fronteriza consultados por este medio coinciden en que la participación militar en labores migratorias no es nueva, pero sí inusual en tiempos de paz. "La última vez que vimos algo similar fue durante la Operación Jump Start en 2006", señaló la analista Claudia Rodríguez, refiriéndose al despliegue ordenado por George W. Bush.

Mientras tanto, grupos de derechos humanos preparan acciones legales para impugnar estos acuerdos interestatales, argumentando que violan la Posse Comitatus Act, ley que limita el uso de fuerzas militares en labores policiales domésticas.

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