El Departamento de Justicia ya puso en marcha un plan para "eliminar gradualmente" servicios federales en español y otros idiomas. La medida afecta desde trámites migratorios hasta señales en parques nacionales, pasando por investigaciones científicas financiadas con dinero público. "Es una estrategia para mejorar la integración social", justificó el gobierno en un memorándum interno.
Entre los primeros cambios visibles:
- La página LEP.gov, creada en 2000 para asistir a personas con dominio limitado del inglés, quedó inaccesible.
- El Departamento de Vivienda eliminó su portal en español.
- Materiales informativos en YouTube y otros formatos dejarán de traducirse.
Organizaciones civiles advierten riesgos concretos.
Arturo Vargas de NALEO Educational Fund alerta:
"Si dejan de emitir alertas en otros idiomas durante emergencias, vidas podrían estar en peligro". Mientras, la abogada
Laura Vásquez recuerda que el Título VI de la Ley de
Derechos Civiles prohíbe
discriminación por origen nacional, lo que incluye el idioma.
El calendario de implementación es claro:
- 60 días para recopilar recomendaciones (a partir del 14 de julio)
- 120 días para revisar comentarios de agencias
- 180 días para emitir guías definitivas
Expertos como
Jacob Hofstetter del Instituto de Política Migratoria señalan una paradoja:
"Si el IRS exige formularios perfectos pero solo los explica en inglés, habrá más errores... y menos recaudación". Servicios clave como seguridad social o beneficios para veteranos podrían volverse inaccesibles para millones.
La apuesta del gobierno es que la tecnología de traducción actual pueda compensar los recortes. Sin embargo, cuando se mantenga material multilingüe, deberá incluir una advertencia: "El inglés es la versión autorizada". Estados con alta población hispana como California ya han expresado su descontento, aunque su margen de acción frente al mandato federal sigue siendo incierto.
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