El Departamento de Justicia ya puso en marcha un plan para "eliminar gradualmente" servicios federales en español y otros idiomas. La medida afecta desde trámites migratorios hasta señales en parques nacionales, pasando por investigaciones científicas financiadas con dinero público. "Es una estrategia para mejorar la integración social", justificó el gobierno en un memorándum interno.
Entre los primeros cambios visibles:
El calendario de implementación es claro:
La apuesta del gobierno es que la tecnología de traducción actual pueda compensar los recortes. Sin embargo, cuando se mantenga material multilingüe, deberá incluir una advertencia: "El inglés es la versión autorizada". Estados con alta población hispana como California ya han expresado su descontento, aunque su margen de acción frente al mandato federal sigue siendo incierto.