Gobierno federal enfrenta a Boston por su política migratoria

La controversia gira en torno a la Ley de Confianza de Boston, vigente desde 2014, que limita la colaboración de la policía local con las autoridades migratorias federales. Según el Departamento de Justicia, esta normativa viola la cláusula constitucional de supremacía federal. "No podemos permitir que jurisdicciones locales pongan en riesgo la seguridad nacional", declaró la fiscal general Pam Bondi.
Detrás del lenguaje jurídico hay un choque ideológico profundo:
El expediente judicial revela datos contundentes: entre 2015 y 2024, las autoridades de Boston rechazaron 287 solicitudes de detención migratoria del ICE. Sin embargo, los documentos no especifican cuántos de estos casos involucraban delitos violentos, dejando espacio para interpretaciones opuestas.
Este caso llega en un momento clave. Solo en los últimos 18 meses, el gobierno federal ha perdido tres demandas similares contra Chicago, Illinois y California. Cada derrota judicial ha debilitado el argumento de que las ciudades deben actuar como brazo extendido de las autoridades migratorias.
Mientras los abogados preparan sus argumentos, en los barrios latinos de Boston crece la inquietud. "Mis clientes ya tienen miedo de reportar robos o violencia doméstica", confió una trabajadora social del Centro Comunitario de East Boston que pidió omitir su nombre. "Si la policía empieza a preguntar por papeles, la gente simplemente dejará de hablar".
El tribunal federal de Massachusetts tiene ahora en sus manos una decisión que podría redefinir los límites del poder federal sobre las políticas locales. Lo que está claro es que Boston, con su tradición de rebeldía desde los tiempos del Motín del Té, no piensa ceder terreno fácilmente.