Los Ángeles busca restringir acceso de ICE a datos de lectores de matrículas
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Nicol Matuz ScottLa supervisora Hilda Solís, conocida por su historial en la defensa de derechos migrantes, logró que la Junta de Supervisores aprobara una moción que restringe el acceso de ICE a los datos recopilados por los "lectores automáticos de matrículas" (ALPR). Estos dispositivos, estratégicamente desplegados en calles y patrullas, capturan hasta 4.5 millones de registros vehiculares diarios en el condado.
Los detalles que preocupan:
- El Sheriff cuenta con 455 dispositivos ALPR (366 fijos y 89 móviles).
- Un informe de CalMatters evidenció que agencias locales compartieron datos con federales más de 100 veces en un mes, violando leyes estatales.
- La nueva norma exige informar solicitudes de datos al Inspector General y a la Comisión de Supervisión Civil.
El tema no estuvo exento de polémica. Mientras organizaciones proinmigrantes celebraron la decisión, la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, respondió con dureza: "Ninguna medida local impedirá que ICE cumpla con la ley federal". La funcionaria federal omitió comentar sobre los reportes de deportaciones que, según datos oficiales, superan los 4,000 arrestos en el sur de California desde junio.
La votación dejó al descubierto las fracturas políticas internas. La supervisora Kathryn Barger fue la única en oponerse, argumentando preocupaciones sobre límites en la retención de datos. Sin embargo, la moción avanzó con un mensaje claro: en Los Ángeles, la privacidad de los conductores ahora tendrá un escudo adicional contra lo que autoridades locales consideran "uso político de herramientas de seguridad".
Entre los pasillos del gobierno del condado, varios funcionarios admiten off the record que esta batalla apenas comienza. Mientras el Sheriff insiste en que "nunca compartió datos sin causa justificada", documentos internos filtrados a medios muestran solicitudes de ICE que, hasta hoy, se procesaban con sólo un clic.
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