"No vamos a negociar con una pistola en la cabeza", declaró el líder demócrata Chuck Schumer en NBC, refiriéndose a la exigencia republicana de discutir el presupuesto de salud después de reabrir las instituciones. Del otro lado, el vicepresidente JD Vance replicó en Fox News: "Ellos prefieren dejar sin pago a millones de trabajadores antes que aceptar un debate transparente".
Los números no mienten:
- El Senado requiere 60 votos para aprobar cualquier paquete de financiamiento
- Los republicanos necesitan 7 demócratas para su propuesta de 7 semanas
- La contrapropuesta demócrata carece de 13 votos republicanos
Más allá de las cifras, lo que realmente tensa el ambiente es el
fondo del conflicto: la renovación de los créditos de
Obamacare que expiran en diciembre. Los demócratas insisten en blindar estos recursos, mientras la bancada roja alega que se usan para cubrir servicios médicos de migrantes irregulares, acusación que la oposición califica como
"fantasía propagandística".
En los pasillos del Capitolio circulan dos versiones encontradas:
- Funcionarios republicanos aseguran tener documentación sobre el desvío de fondos
- Asesores demócratas muestran informes de la Oficina de Presupuesto que lo desmienten
Mientras tanto, en la Casa Blanca se activó un protocolo inusual: aprovechar la paralización para acelerar los
despidos masivos de
empleados federales que venían planeándose desde junio. Fuentes cercanas al Gabinete confirmaron que ya hay listas de puestos considerados
"prescindibles", aunque se negó dar nombres específicos.
Lo que sigue es una carrera contra el reloj. Con cada hora que pasa, aumentan las presiones sobre ambos partidos:
- 800,000 empleados federales dejarán de recibir su salario
- Parques nacionales y museos cerrarán sus puertas
- Las revisiones de visas y permisos entrarán en pausa
El fantasma de 2018, cuando el cierre duró 35 días, ronda los cálculos políticos. Pero esta vez hay una diferencia clave: las
elecciones intermedias están a menos de 14 meses, y ningún partido quiere aparecer en los noticieros como el responsable de dejar sin pago a las familias de agentes fronterizos o enfermeras de hospitales públicos.
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