En un operativo conjunto, la Fiscalía General de la República (FGR) logró un importante golpe al tráfico de personas en Ensenada, Baja California. El operativo se llevó a cabo durante un patrullaje rutinario en la Carretera Transpeninsular, a la altura del poblado de Maneadero. Elementos de la Fiscalía Especializada en Delitos de Secuestro (FESC) detectaron dos vehículos sospechosos que transportaban a 13 personas, incluyendo un menor de edad, sin la documentación necesaria para acreditar su estancia legal en México.
Las víctimas, provenientes de diversas nacionalidades como África, India, Colombia y El Salvador, fueron presentadas ante el Instituto Nacional de Migración (INM) para determinar su situación migratoria. Los conductores de los vehículos fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público Federal. Tras la investigación correspondiente, se les imputó el delito de tráfico de personas.
El Juez de Control, tras calificar de legal la detención y retención de los acusados, dictó auto de vinculación a proceso por el delito de tráfico de personas y estableció como medida cautelar prisión preventiva justificada. Se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación. La FGR reitera su compromiso para continuar trabajando en la lucha contra el tráfico de personas, velando por los derechos de las personas migrantes y combatiendo las redes criminales que se lucran con este delito.
Este caso destaca el compromiso de la FGR para combatir el tráfico de personas en Baja California y proteger a las personas migrantes. La diversidad de las nacionalidades de las víctimas resalta el carácter internacional de este delito y la importancia de la colaboración entre las autoridades para garantizar una migración segura y ordenada. Este tipo de operativos son cruciales para garantizar que las personas migrantes sean tratadas con dignidad y respeto, y para que los traficantes de personas sean llevados ante la justicia.
La FGR seguirá trabajando en coordinación con otras autoridades para prevenir y combatir este delito, y para garantizar que las personas migrantes puedan acceder a una vida digna y segura.