La historia de Pemex comienza en 1938, cuando el presidente Lázaro Cárdenas decretó la expropiación de la industria petrolera, creando Petróleos Mexicanos como una institución pública. Hasta 1971, Pemex se regía por este decreto y operaba bajo un esquema centralizado de control estatal.
En 1992, la estructura de Pemex se modificó con la creación de empresas subsidiarias que operaban de manera descentralizada. Esta reforma marcó el inicio de una mayor participación de la iniciativa privada en el sector energético, aunque Pemex aún mantenía la posibilidad de realizar contratos.
En 2008, antes de la Reforma Energética, se modificó nuevamente la estructura de Pemex, incorporándose la palabra "empresa productiva" a su denominación. Sin embargo, Pemex seguía siendo parte de la Administración Pública, regida por leyes públicas.
En el caso de CFE, la historia es distinta. Antes de 1933, no había una regulación específica en materia energética. Fue hasta 1934 que el Congreso le otorgó al gobierno la facultad de legislar en este ámbito. De 1934 a 1960, se implementó un esquema mixto de participación en la industria eléctrica, con la presencia de empresas privadas transnacionales.
En 1937, se creó la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la cual se integró como un organismo descentralizado en 1949, con personalidad jurídica propia y patrimonio independiente. A partir de 1956, el Estado mexicano comenzó a comprar acciones y bienes de empresas extranjeras, culminando en 1960 con la nacionalización de la industria eléctrica.
La Reforma Energética de 2013, marcó un punto de inflexión en la historia de Pemex y CFE. Esta reforma transformó a las empresas públicas en empresas productivas del Estado, lo que significó un cambio de régimen legal. Las empresas públicas pasaron a regirse por el derecho mercantil, con reglas similares a las de las empresas privadas.
Esta transformación permitió la participación de la iniciativa privada en áreas específicas de la explotación y extracción de hidrocarburos, antes reservadas para Pemex. La Reforma Energética también estableció un esquema de competencia entre empresas públicas y privadas, limitando la participación y el desarrollo de las empresas públicas.
La actual administración, encabezada por el presidente López Obrador, ha impulsado una serie de medidas para recuperar la soberanía energética. Se han implementado políticas para fortalecer Pemex y CFE, con el objetivo de que las empresas públicas recuperen su papel central en el sector energético.
En el caso de CFE, se ha destacado la inversión histórica en la construcción de plantas de generación de energía y proyectos de transmisión. Asimismo, se han modificado contratos con empresas privadas para garantizar una mejor distribución de la energía eléctrica.
La reforma constitucional en discusión, busca modificar el marco legal que rige a Pemex y CFE, regresándolas a su naturaleza de empresas públicas, regidas por el derecho público. Esta reforma también propone la reserva de litio para el Estado mexicano y garantiza la preponderancia de CFE en el despacho de la energía eléctrica.
La reforma del 2013, transformó las empresas públicas, abriendo el sector energético a la iniciativa privada. La actual administración busca revertir estas transformaciones, buscando fortalecer la participación del Estado en el sector energético.