El ministro ha argumentado que la norma constitucional, pilar fundamental de la reforma, no es intocable y podría ser analizada, incluso invalidada, por la Suprema Corte. Este argumento ha desatado un debate acalorado, dividiendo al poder judicial y al país en dos bandos: los que defienden la reforma y los que la consideran una amenaza.
¿Qué es lo que está en juego? La reforma, aprobada el 15 de septiembre, busca renovar el sistema judicial a través de la elección popular de jueces, magistrados y ministros, así como la remoción de los actuales. La oposición, sin embargo, critica este mecanismo de selección, argumentando que dejaría la justicia a merced de intereses políticos y económicos.
El ministro González Alcántara Carrancá, por su parte, sostiene que la división de poderes es un principio fundamental del Estado mexicano, inviolable incluso por reformas constitucionales. Para él, la remoción de los jueces, según su análisis, podría ser una violación a este principio básico.
¿Cómo se juega el escenario? La oposición ha presentado una controversia constitucional contra la reforma. El ministro ponente, luego de analizar la controversia, ha elaborado un proyecto de resolución que sugiere que la Suprema Corte podría declarar inconstitucional la parte de la reforma que afecta la división de poderes.
¿Cuál es la postura del gobierno? El gobierno, por su parte, ha rechazado el proyecto del ministro. Se espera que la decisión final sobre la reforma judicial se tome en las próximas semanas.
Se dice que siete ministros podrían renunciar o negarse a participar en la renovación de sus cargos mediante las urnas si la reforma judicial no se detiene. El desenlace de este conflicto tendrá un impacto significativo en el futuro de la justicia en México.