Este cambio no solo implica un compromiso del Estado, sino también un giro radical para el Infonavit, transformándolo en un actor crucial para la construcción y el arrendamiento de viviendas.
El debate en el Senado se encendió, con Morena criticando la falta de acceso a la vivienda en el pasado neoliberal. “Este dictamen permite que el Infonavit construya y arriende viviendas bajo condiciones sociales. No va a imperar la ley del mercado o del lucro, lo que se pretende es darle a los mexicanos la posibilidad de la seguridad de una vivienda y hacerlo en condiciones económicas y financieras accesibles”, afirmó Óscar Cantón, presidente de la comisión de Puntos Constitucionales.
La oposición, por su parte, cuestionó la originalidad de la reforma. La bancada del PRI recordó un agresivo programa de vivienda impulsado en el régimen de Adolfo Ruiz Cortines, que derivó en la creación del Infonavit. “La proyección de un millón de viviendas por parte de la Presidenta Claudia Sheinbaum es una gran visión, aunque insuficiente”, expresó Rolando Zapata Bello, senador del PRI por Yucatán.
En el centro de la controversia se encuentra el Infonavit. La reforma le otorga la facultad de construir y arrendar viviendas bajo condiciones sociales, estableciendo que las personas trabajadoras, después de un año de cotización, podrán acceder a viviendas en arrendamiento social propiedad del instituto. La mensualidad no podrá exceder del 30 por ciento del salario del trabajador. Además, las empresas estarán obligadas a contribuir a un Fondo Nacional de la Vivienda, con el objetivo de financiar la adquisición o mejora de las viviendas de sus empleados.
La iniciativa, que aún debe ser ratificada por los congresos estatales, promete un cambio significativo en la forma en que los mexicanos acceden a la vivienda. Sin embargo, las dudas sobre la viabilidad del plan y la eficacia de la implementación aún persisten.