Los partidos de oposición, PAN, PRI y MC, habían presentado una acción de inconstitucionalidad buscando invalidar la reforma, pero la Corte tenía la última palabra.
El debate se centró en la posibilidad de que los partidos políticos pudieran impugnar reformas constitucionales a través de este mecanismo legal. La discusión fue intensa, con argumentos a favor y en contra. Finalmente, la Corte emitió un fallo que dejó a la reforma al Poder Judicial en pie.
El ministro Alberto Pérez Dayán fue quien marcó la diferencia, afirmando que la Corte no tenía la facultad de "decir qué es lo que debió llevar o no la Constitución". Esta postura fue crucial, ya que rompió el bloque de ocho ministros que se necesitaban para declarar la invalidez parcial de la reforma.
La ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien lideró la sesión, parecía visiblemente afectada por la postura de Pérez Dayán.
La ministra Yasmín Esquivel Mossa y sus colegas, Lenia Batres Guadarrama y Loretta Ortiz Ahlf, coincidían en que la acción de constitucionalidad no debía utilizarse para validar o invalidar una reforma constitucional.
Juan Luis González Alcántara Carrancá, el ministro ponente, admitió que no se podían cambiar las reglas del juego en pleno juego. Su proyecto fue finalmente desestimado, luego de que varios ministros se pronunciaran en contra de la validez de la acción de inconstitucionalidad.
La ministra Batres Guadarrama advirtió que la desestimación del proyecto dejaba abierta la posibilidad de impugnar la reforma a través de juicios de amparo. La ministra Piña Hernández, en respuesta, aclaró que la Constitución establece que si no se alcanzan los ocho votos necesarios, el proyecto se desestima.
El fallo de la Corte, aunque no invalidó la reforma, abrió la puerta a la posibilidad de que se presenten nuevas impugnaciones en el futuro. La controversia en torno a la reforma al Poder Judicial continúa, y su impacto en el funcionamiento del sistema judicial mexicano aún está por verse.