Los críticos señalan que la falta de estrategias adecuadas podría tener consecuencias devastadoras, especialmente con el nombramiento de figuras como Tom Homan, conocido por su postura dura en temas migratorios, como el nuevo "zar de la frontera". José María García Lara, director de la Alianza Migrante Tijuana, enfatiza que la crisis migratoria no es un fenómeno reciente, sino que se ha visto agravada por el desinterés del gobierno mexicano en los últimos años. Durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador, se recortaron los fondos destinados a organizaciones que brindan apoyo a migrantes, lo que ha dejado a muchas comunidades vulnerables sin el respaldo necesario.
A pesar de la falta de apoyo federal, los esfuerzos locales han comenzado a tomar forma. Organismos civiles, junto con autoridades de Baja California y el Ayuntamiento de Tijuana, están trabajando en conjunto para enfrentar la incertidumbre que rodea la situación migratoria. García Lara menciona que ya se han llevado a cabo reuniones para planificar la posible llegada de deportaciones masivas, un tema que ha cobrado relevancia con los recientes nombramientos en el gobierno de Trump.
La inquietud se intensifica con la designación de Stephen Miller como subdirector de política en la Casa Blanca, quien ha sido un defensor de las políticas de deportación masiva. La reaparición de Homan en el ámbito de las políticas fronterizas ha suscitado temores sobre un endurecimiento de las medidas migratorias y un aumento en las violaciones a los derechos humanos en la frontera. Estas decisiones subrayan la urgencia de que el Gobierno mexicano implemente acciones concretas para salvaguardar a los migrantes que transitan por su territorio.
A pesar de los esfuerzos de coordinación en Tijuana, voces críticas como la de Hugo Castro, fundador de la Coalición S.O.S. Migrante, han señalado que el uso de recursos del gobierno mexicano para la persecución de migrantes es contraproducente. Castro sostiene que, aunque las autoridades afirman estar "rescatando" a los migrantes, en realidad están intensificando la violencia en su contra al desplegar 36,000 elementos de la Guardia Nacional en tareas migratorias. Estos operativos, según el activista, no solo son ineficaces, sino que también obligan a los migrantes a recurrir a traficantes de personas para intentar cruzar a Estados Unidos.
El despliegue de la Guardia Nacional y otras fuerzas de seguridad ha llevado a que muchos migrantes, incluidos aquellos que buscan reunirse con sus familias en Estados Unidos, enfrenten una represión creciente. Castro advierte que, ante la falta de opciones seguras para cruzar, los migrantes se ven forzados a recurrir a redes de tráfico de personas, lo que pone en riesgo sus vidas y permite que los traficantes se beneficien de su desesperación. La situación exige una reevaluación del enfoque del Gobierno de México, priorizando la protección y el bienestar de los migrantes en lugar de su criminalización.