Claudia Sheinbaum anuncia operativos contra contrabando en todo el país
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Leonora LagardaEste operativo, llamado Operativo Limpieza, marca el inicio de una estrategia integral que será replicada en las 32 entidades federativas con el objetivo de combatir la piratería y el contrabando en el país. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que, de ser necesario, continuarán los operativos contra mercancía de contrabando proveniente de Asia.
El operativo en Izazaga 89 resultó en el aseguramiento de mercancías que infringían normas mexicanas, afectando tanto a la industria nacional como al comercio formal. Según el secretario Ebrard, las acciones tienen como meta proteger a los comerciantes que operan dentro del marco legal. "Esta es una operación que tiene que ser permanente. No podemos exigir cumplimiento a la ley si permitimos que otros operen al margen de ella", enfatizó.
Uno de los pilares del operativo es la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio, que permitirá actuar contra inmuebles usados para actividades ilícitas. El secretario César García Mondragón, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Economía, confirmó que ya se presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Extinción de Dominio.
El operativo contó con el respaldo de instituciones como la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, liderada por Pablo Vázquez. También participaron el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y la Fiscalía General de la República, a quienes Ebrard agradeció por su apoyo.
Entre los artículos incautados se encontraban ropa, accesorios electrónicos y calzado, presuntamente importados de manera irregular, lo que también constituye una infracción a las leyes de comercio e importación vigentes en el país. La plaza comercial Izazaga 89 fue suspendida por irregularidades administrativas y legales.
La intervención se produjo luego que la Secretaría de Economía del Gobierno de México realizara un decomiso de más de 260 mil piezas de mercancía en la misma plaza comercial. Durante esa acción, los propietarios y locatarios no pudieron acreditar el origen legal de los productos ofrecidos al público.
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