Hoy 16 de diciembre, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, rubricó las leyes secundarias para la igualdad sustantiva, un evento ampliamente publicitado como un triunfo. Entre las medidas anunciadas destaca la creación de un Registro Nacional de medidas de protección para mujeres y la tipificación de la violencia vicaria. También se presentó un certificado de igualdad de género y no discriminación, prometiendo atacar la brecha salarial.
El discurso oficial habla de un avance legislativo sin precedentes. “Un paso crucial para la protección de las mujeres contra la violencia y la discriminación”, se escuchó en la conferencia de prensa. Pero las voces críticas se alzan. Se cuestiona la verdadera eficacia de estas medidas, señalando la falta de detalles sobre su implementación.
¿Cómo se garantizará el cumplimiento de estas leyes? La pregunta es crucial. El anuncio se enfoca en la legislación, pero omite los mecanismos de supervisión y sanción. La experiencia con leyes similares en el pasado, incluso durante la administración de AMLO, muestra un historial de buenas intenciones que no siempre se traducen en cambios concretos. La falta de recursos, voluntad política y capacidad institucional pueden convertir estas leyes en letra muerta.
El contraste entre el discurso triunfalista y la realidad de la violencia de género en México es abrumador. La impunidad persiste. Los asesinatos de mujeres, la violencia familiar y la discriminación salarial siguen siendo problemas graves. La promesa de abordar la brecha salarial, por ejemplo, se queda en buenas intenciones. ¿Cómo se fiscalizará a las empresas que la perpetúan? ¿Cómo funcionarán los centros de conciliación, considerando la lentitud burocrática?
La firma de estas leyes representa un paso formal, sí. Pero la historia reciente de las políticas de igualdad en México invita a una observación crítica. El éxito real se medirá no en los discursos, sino en la disminución tangible de la violencia y la discriminación. La ausencia de un plan concreto de implementación genera un escepticismo justificado.