En medio de este panorama, la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo presentó el pasado 17 de diciembre una estrategia que busca atacar las raíces de la violencia. Se trata de un plan ambicioso que involucra dos frentes principales: visitas casa por casa en diez municipios prioritarios y la creación de comités de paz comunitarios.
La jefa de gobierno destacó una reducción del 18% en homicidios dolosos en comparación con 2018. “Una disminución significativa,” aseguró Sheinbaum durante su conferencia matutina. Sin embargo, esta reducción no oculta la realidad: la violencia continúa siendo un problema grave. La estrategia se sustenta en más de 23,000 visitas domiciliarias y la conformación de diez comités ciudadanos enfocados en la prevención.
Pero el optimismo oficial choca con la realidad de datos contrastantes. Mientras la extorsión ha aumentado un 15.6%, la inseguridad persiste, con seis de cada diez personas reportando sentirse inseguras en sus propias colonias, principalmente por la falta de patrullaje. Incluso la alta proporción de hogares que reciben pensión de adultos mayores (uno de cada tres) no atenúa la urgencia de encontrar soluciones más efectivas.
La estrategia, que según el gobierno se centra en identificar necesidades comunitarias y fomentar la corresponsabilidad, carece, por el momento, de detalles concretos sobre la metodología de evaluación y el seguimiento de las visitas. Surge entonces la pregunta: ¿cómo se medirá el éxito de esta iniciativa a largo plazo?
Para añadir complejidad a la situación, la presentación de la estrategia se realizó en paralelo a la difusión de resultados en materia de seguridad, incluyendo la detención de importantes figuras del crimen organizado y el aseguramiento de drogas y armas. Esta simultaneidad genera cuestionamientos sobre si la estrategia de “atención a las causas” funciona como un paliativo a las críticas sobre la persistencia de altos índices de violencia, o se trata de una verdadera solución.
La situación en estados como Sinaloa, Baja California y el Estado de México, donde la violencia sigue presente, pone de manifiesto la complejidad del reto. La estrategia, en definitiva, requiere mayor transparencia en la recopilación y análisis de datos, así como una evaluación rigurosa de su impacto real para determinar su verdadero alcance y efectividad.