El protagonista inesperado fue Francisco Garduño, excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), quien, durante la presentación, abordó su reciente vinculación a proceso por la tragedia de Ciudad Juárez.
Garduño, quien estuvo al frente del INM hasta el viernes anterior a la presentación, afirmó que su preocupación actual no reside en su situación legal, derivada de la causa penal 237/2023. En sus propias palabras: “No estoy preocupado yo porque estoy vinculado a proceso, mi preocupación es la procuración de justicia a las víctimas directas e indirectas, resarcir un poco el daño que se sufrió”.
El ex funcionario aclaró su situación: “estoy vinculado a proceso por faltas y omisiones en el servicio público, pero no por homicidio”. Este detalle es crucial para entender el enfoque de sus declaraciones.
Su atención, según explicó, se centra en la indemnización a las familias de las 40 víctimas mortales y los 27 heridos del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez el 27 de marzo de 2023. La Comisión Nacional de Atención a Víctimas de Delito ha desembolsado cantidades significativas, entre 3.5 y 7 millones de pesos mexicanos por cada víctima, aunque siete extranjeros se han negado a recibir la compensación.
Garduño, obligado a presentarse cada quince días ante un juzgado para firmar, continúa ligado al proceso judicial, pero su enfoque público se centra en la reparación del daño a los afectados y no en su propia situación legal. El evento, inicialmente dedicado a la integración, dejó al descubierto un contexto mucho más complejo.
Se espera que el proceso judicial continúe su curso, mientras la atención de Garduño se mantiene en el aspecto de las indemnizaciones a las víctimas.