En las serranías del municipio de Buenavista, colindante con Jalisco, la noche del martes se tiñó de luto. Dos soldados perdieron la vida al detonar una mina antipersonal. El incidente, ocurrido cerca del pueblo de Paredes de Ahogado, según la fiscalía de Michoacán, es el último capítulo de una escalofriante secuencia de eventos.
El diario El Universal reportó que los militares se encontraban realizando operaciones en la zona cuando la explosión ocurrió. Fuentes del Ejército Mexicano sugieren que se estaba intentando desactivar el artefacto y que probablemente existan más explosivos similares en la región, indicando una investigación en curso para su extracción y la identificación de los responsables.
Este hecho se suma a otro incidente similar ocurrido apenas el lunes en el municipio de Cotija, también limítrofe con Jalisco. Dos soldados fallecieron y cinco más resultaron heridos tras la detonación de minas en esa localidad. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) apunta al Cártel de Cárteles Unidos como posible responsable, en el contexto de su disputa territorial con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
El general Ricardo Trevilla, titular de la Sedena, declaró el martes que estas minas son de fabricación "muy rústica", a diferencia de los dispositivos militares de alta tecnología. Desde 2018 hasta la fecha, seis militares habían fallecido a causa de artefactos similares, según el propio Trevilla, sumando a estos últimos cuatro un total de diez víctimas mortales.
La escalada de violencia, incluyendo recientes ataques con explosivos contra fuerzas de seguridad, como la explosión de un coche bomba en Guanajuato el pasado octubre que dejó tres agentes heridos, ha generado preocupación. Esta situación ha llevado a que la oposición y el próximo presidente estadounidense, Donald Trump, consideren la posibilidad de designar a los cárteles como organizaciones terroristas, una propuesta que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum rechaza rotundamente.
El incremento en la utilización de estos dispositivos explosivos y el impacto en el personal militar, plantea interrogantes sobre las estrategias de seguridad en la región y el alcance de la lucha contra el narcotráfico en México.