El senador Luis Donaldo Colosio Riojas, del Movimiento Ciudadano (MC), ha generado controversia al cuestionar públicamente una compra realizada por el gobernador de Nuevo León, Samuel García. La transacción en cuestión involucra un rancho de 700 hectáreas, con un valor estimado de 800 millones de pesos, ubicado entre Burgos, Tamaulipas y Linares, Nuevo León.
Según información divulgada por el periódico Reforma, la propiedad fue adquirida a través de Saga Tierras y Bienes Inmuebles, empresa ligada al gobernador y su padre, Samuel Orlando García Mascorro. Esta adquisición ha generado un debate en torno a la transparencia y la ética en la administración pública.
Colosio Riojas, en una entrevista con Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, expresó su preocupación: “Yo creo que por el bien del estado y del gobernador, que lo estimo mucho, es el primero que debería salir a explicar y a dar cuentas, de lo contrario se pierde mucho esa confianza e ilusión en recuperar un Gobierno institucional.” Sus palabras apuntan a la necesidad de claridad y rendición de cuentas por parte del gobernador.
Más allá de la polémica por el rancho, el senador también criticó la aprobación apresurada de la reforma a la Ley del Infonavit, calificándola como "otra toma más de una institución por parte de la 4T". Señaló la falta de debate y la preocupación por la gestión de los dos millones de millones de pesos que maneja el instituto, fondos que pertenecen a los trabajadores mexicanos.
Colosio Riojas, hijo del extinto candidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta, reconoció la complejidad de su labor como senador, especialmente ante la mayoría calificada de la Cuarta Transformación. Describió la situación como “muy frustrante” debido a la falta de debate real y apertura al diálogo. A pesar de los desafíos, afirmó que se enfoca en su labor legislativa antes de considerar otros proyectos políticos.
La situación plantea interrogantes sobre el manejo de recursos públicos y la necesidad de transparencia en las operaciones de los funcionarios gubernamentales. El impacto a largo plazo de estas decisiones y la confianza ciudadana permanecen como temas clave a considerar.