Este anexo presupuestario incrementa 12 programas prioritarios, que abarcan desde la educación y la infraestructura, hasta la cultura y la vivienda, con el objetivo de impulsar el desarrollo integral de comunidades históricamente marginadas.
Entre los avances destacados, se encuentran la incorporación de programas educativos y de infraestructura, y la creación del programa de pensión para mujeres bienestar, una iniciativa que refuerza el compromiso del gobierno con la equidad de género. Además, por primera vez se reconoce al pueblo afromexicano como sujeto de atención, un paso clave para visibilizar y respetar la riqueza cultural de estas comunidades. También se priorizan las obras incluidas en planes de justicia y desarrollo regional, con recursos administrados directamente por las asambleas y comités comunitarios, respetando sus formas de autogobierno.
El reparto de los recursos, con el 36% destinado a programas de bienestar y el 25% a infraestructura, busca atender de manera equitativa las necesidades más urgentes. Particularmente relevante es el nuevo componente indígena del Fondo de Infraestructura Social, que asignará el 10% del presupuesto total (12,374 millones de pesos) a comunidades indígenas y afromexicanas. Este componente asegura que proyectos como agua potable, electrificación y mejora de viviendas beneficien directamente a estas poblaciones.
Sin embargo, el éxito de este modelo dependerá de su implementación y de la capacidad de las comunidades para gestionar los recursos de manera efectiva. Las asambleas comunitarias y sus comités jugarán un papel crucial en la validación de obras y en la vigilancia de los recursos, garantizando que las prioridades locales sean respetadas. Este enfoque no solo refuerza la autonomía de los pueblos, sino que también sienta un precedente para la descentralización de recursos y el reconocimiento de derechos colectivos.
Este anuncio invita a reflexionar sobre la importancia de integrar la diversidad cultural y los saberes tradicionales en la toma de decisiones públicas. La reforma constitucional subraya a México como una nación pluricultural, y esta iniciativa presupuestaria parece alinearse con ese ideal. Ahora, la pregunta clave es si este marco normativo y financiero será suficiente para revertir décadas de exclusión y desigualdad, o si se requerirán ajustes en el camino para alcanzar una verdadera justicia social.